El abogado Guillermo Cochez negó ayer mantener cualquier tipo de vinculación con delitos relacionados con lavado de dinero que se le imputan al exdirector de Ingresos de Nicaragua, Byron Jérez y aseguró que actuó como un abogado al recibir una cliente con muy buenas recomendaciones.
Cochez también negó cualquier tipo de relación con el juicio amarillo supuestamente ejecutado en el Juzgado Séptimo Civil, promovido por otra firma forense para tener acceso a dineros del Estado nica depositados en varios bancos locales.
Según el jurista, a principios de julio del 2002 acudió a sus oficinas Ethel del Socorro de Jérez, requiriendo sus servicios profesionales, debido a que una sociedad de su propiedad recibiría la suma de B/.3 millones de un banco local, producto de un proceso judicial instaurado en un juzgado civil y que esta cliente llegó con excelentes recomendaciones.
Alegó que al solicitar información de cómo había obtenido ese dinero, la cliente le refirió que era de procedencia legal y que previo a ello, ella había contratado a otro grupo de abogados para ejecutar un proceso civil, que al momento de ser contratado ya se encontraba en su fase final.
Sostuvo que el 7 de junio pasado el Juzgado Séptimo Civil entregó a la representante legal de la sociedad Santa Marta S.A. el oficio en que ordenaba al Banco Continental que procediera a darle los B/.3 millones, que se hizo efectiva el 11 de junio.
Explicó que luego del 12 de junio el representante del Grupo Santa Marta S.A. retiró del juzgado el cheque por los B/.3 millones y siguiendo instrucciones de su cliente, propietaria de las acciones de la empresa, fue entregado a su firma y luego ésta le solicitó tenerlo a buen recaudo para después realizar unas inversiones.
Esto permitió que Cochez depositara los dineros en la compañía Inversiones Puntabarc S.A. y en Tudor Clarkson Maritime Corp, ambas ligadas a él.
Indicó que todas las operaciones se ejecutaron dentro del banco en cuestión y alegó que su firma de abogados al realizar estas operaciones bancarias no tenía conocimiento de la existencia de una investigación por parte de la Fiscalía de Drogas.
Según el abogado, la única actuación negligente es la del banco, al recibir un oficio del Ministerio Público relacionado con asistencia judicial vinculada con el dinero y cuando le entregan el cheque jamás le advierten que podía haber un problema.
A su juicio, su firma actuó de acuerdo con la ley, "no fuimos con un revólver a pedir ese dinero", teníamos instrucciones de nuestra cliente. Añadió que cuando se dieron cuenta de la investigación, acudió a la Fiscalía de Drogas y presentó su declaración jurada.
