EL DEFENSOR del pueblo, Juan Antonio Tejada, calificó como un avance en el cumplimiento de la Ley de Transparencia, la aprobación y adopción del Código de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno, toda vez que en un comunicado emitido el 23 de julio de 2002, había advertido que el adoptado por la pasada administración no contenía ningún mecanismo de exigencia de los principios éticos.
También considera positivo y conveniente normar éticamente el conflicto de intereses, prohibiendo a los funcionarios dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar y prestar servicios remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado.
Para hacer cumplir estos principios, considera adecuado que se haya establecido una prelación de sanciones para el servidor que viole los mismos.
La Defensoría del Pueblo es la depositaria de los Códigos de Ética de la administración pública.
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