Así lo indicó el Fiscal General de la Procuraduría de Nápoles, Francesco Grecco, quien declaró a medios televisivos, que a menos que comentan un delito dentro del territorio italiano, los infranctores serían investigados.
Lo dicho está amparado en el artículo 322 del Código Penal italiano, en el que se contempla además, que incluso si el presidente Martinelli tuviese nacionalidad italiana, aún así no podría ser sometido a investigación, a fin de evitar problemas diplomáticos.
