Código Penal salió airoso a pesar de cuestionamientos

POR decisión mayoritaria el pleno legislativo aprobó ayer en tercer debate el proyecto de reformas al Código Penal, pese a los cuestionamientos de diversos sectores, en torno a la reducción de las penas en los delitos de corrupción de servidores públicos.
Los únicos diputados que expresaron su decisión de abstenerse al momento de la votación fueron José Blandón y Mireya Lasso, ambos de la bancada panameñista.
Blandón insistió en señalar que en materia de enriquecimiento injustificado o corrupción, se entiende que las últimas modificaciones introducidas al proyecto estuviesen dirigidas a reducir las penas, algo que a su juicio va en contraposición a lo planteado por el Gobierno de "cero corrupción".
Tal como plantea Blandón, en el Artículo 343 del proyecto aprobado, inicialmente se señalaban penas de 4 a 8 años para servidores públicos que acepten o reciban donativos, promesas, dinero o cualquier beneficio o ventaja para realizar, omitir o retardar un acto de violación de sus obligaciones o quien las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas.
Las penas en esta caso fueron bajadas de 2 a 4 años.
Mientras que para el servidor público que, desempeñándose como miembro del Órgano Judicial o del Ministerio Público, autoridad administrativa, árbitro o cualquier cargo que deba decidir asunto de su competencia, reciba donativo, promesa, dinero, beneficio o ventaja para perjudicar o favorecer a una de las partes en el proceso, será sancionado con 2 a 4 años.
Al principio, se aprobó una pena de cárcel de 7 a 10 años.
Esto fue criticado por Magaly Castillo, directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, quien manifestó que este tipo de delitos son muy graves, por lo que dijo no comprender por qué los diputados decidieron reducir las penas, en comparación con la propuesta de la Comisión Codificadora, que establecía penas más fuertes.
"Creo que ésto es cuestionable porque estamos hablando que el delito de corrupción le ocasiona tantos daños a nuestros países y existe todo un movimiento a nivel internacional contra la corrupción"", expresó.
Lamentó el mecanismo de funcionamiento de la democracia parlamentaria, puesto que ayer, a pesar de haberse estado aprobando el proyecto en tercer debate, desconocían el contenido del documento y no se pudo efectuar otras observaciones.
Uno de los diputados que salió en defensa del Código Penal aprobado, Jerry Wilson, salió al paso diciendo que hay sectores que no comprenden que en la aplicación y estructuración de un Código Penal debe existir una sistematización de las penas, es decir, una adecuación de esas penas a los diferentes tipos penales.
Cuestionó que haya quienes pretenden aplicar en materia de corrupción de funcionario público penas que van más allá del bien jurídico tutelado y quieran penas contra los funcionarios públicos mayores a las penas de homicidio.
"Eso es un absurdo", dijo, aduciendo que "en el famoso tema del enriquecimiento ilícito no es cierto que se han disminuido las penas, sino que se mantienen las mismas que están establecidas en la norma vigente, y que en su sentido agravado va hasta 10 años de prisión".
"Esos que plantean excesos, están jugando con la estabilidad política del país, porque para ellos sería ideal un artículo donde se dijera que es delito ser funcionario público", argumentó.
La reducción de las penas para los delitos de enriquecimiento ilícito no fueron los únicos cambios cuestionados durante la aprobación de este proyecto.
También se criticó el que sean beneficiados con prisión domiciliaria las personas condenadas que superen los 70 años de edad, independientemente del tipo de delito que haya cometido.
Inicialmente, la Comisión Codificadora proponía esta medida para aquellos casos de personas condenadas cuyas penas no superaran los cinco años de prisión, pero ahora quienes hayan cometido hasta homicidios y peculado por sumas millonarias, serían beneficiados.
Llamó la atención que los diputados acortaron el periodo para la prescripción de la pena privativa de la libertad, que en el Código Penal vigente señala que equivale al doble de la pena que está señalada en la sentencia.
En el proyecto, aprobado ayer, se estableció nuevamente que la prescripción será el equivalente a un término igual al de la pena señalada en la sentencia.