COEL exige reestablecer con urgencia el libre tránsito

El Consejo Empresarial Logístico de Panamá (COEL), integrado por 13 gremios empresariales, exigió al presidente Laurentino Cortizo que accione con urgencia y de forma enérgica un plan para restablecer el libre tránsito en el país, luego de 30 días de cierres y disturbios que han afectado la reputación del hub logístico de Panamá, así como la llegada de nuevas inversiones extranjeras y locales.

En una carta dirigida el pasado viernes al mandatario de la República, los presidentes de los 13 ¿gremios que integran el COEL indicaron que el actual bloqueo de la libre circulación, además de impactar severamente la economía, causa un daño reputacional de gran escala a nuestro país, no solo como un hub logístico, sino como destino de inversión extranjera directa y frena la inversión local.

Además, representa una vulneración directa de los derechos fundamentales de la población, sin mencionar la afectación de nuestra niñez y jóvenes que han sido privados de recibir educación, señaló la agrupación empresarial en la que participa la Cámara de Comercio de Panamá y Colón, la Cámara Marítima, la Asociación de Armadores de Panamá, el Sindicato de Industriales de Panamá, la APEDE, Apademar, ADEDAPP, Canatraca, UNCAP, IARO y la APAC.

También señalaron en la misiva dirigida a Cortizo que la inacción prolongada del Gobierno y los estamentos de seguridad del Estado, para actuar de manera efectiva ante esta crisis, está generando graves consecuencias en varios niveles.

"En primer lugar, se está produciendo un riesgo de confrontación entre ciudadanos producto de un desabastecimiento generalizado de bienes básicos, medicamentos, insumos y combustibles que están afectando directamente la calidad de vida de la población a nivel nacional, en especial de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. En segundo lugar, los ciudadanos, incluyendo pequeños empresarios y trabajadores informales, están viendo amenazada su capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas esenciales que generan el sustento diario de sus hogares", advirtió COEL.

Además, sostuvo que la paralización prolongada está ocasionando pérdidas económicas considerables a nivel nacional. "Las empresas, grandes y pequeñas, se ven afectadas por la interrupción de las actividades comerciales y logísticas, cuyos efectos trascienden de igual forma al sector financiero, seguros y servicios en general".

COEL reiteró al presidente de la República que la inacción prolongada del Gobierno no solo agrava la situación actual, sino que también constituye un precedente negativo, "cuya enseñanza a la sociedad es que el menoscabar los derechos de los demás no tiene consecuencia alguna, incluso cuando son derechos vitales como el acceso a los alimentos, educación, medicamentos, insumos esenciales y libre circulación".

"Exigimos una toma de decisiones enérgica, con acciones destinadas a poner un alto definitivo a este espiral destructivo, que dista de los valores y de las buenas costumbres de los panameños, al igual que de los mejores intereses del país. Es imperativo garantizar el respeto a los derechos fundamentales y el acceso a la salud, los alimentos, la educación y los insumos esenciales. De ninguna forma se puede permitir que acciones violentas de grupos extremistas que no representan a la gran mayoría de la población, se sobrepongan al bienestar de esta y mucho menos el transgredir los derechos ciudadanos. La reputación de Panamá como un Estado comprometido con los derechos humanos y la estabilidad social está en juego, y la prolongada crisis podría tener efectos duraderos en la confianza de la comunidad internacional hacia nuestra nación", puntualizó COEL.

Explicó que solo están exigiendo que se salvaguarde el derecho al libre tránsito y la libertad de movimiento, pilares fundamentales reconocidos y consagrados en el artículo 27 de nuestra Constitución Política, que establece "Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de migración.".

Adicionalmente, es un derecho reconocido universalmente por la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13 que establece "Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado".

Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de New York, Estados Unidos, en su artículo 12, refuerza la protección de estos derechos al afirmar que toda persona tiene derecho a la libertad de circulación y residencia, en concordancia con el artículo 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, enumeró el COEL.