El cementerio El Marañón, ubicado en la isla penal de Coiba, será declarado hoy campo santo por la Iglesia Católica, en un acto de justicia a reos y presos políticos que fallecieron en circunstancias no esclarecidas durante la dictadura militar.
La actividad, que es coordinada por la Comisión de la Verdad, contará con la presencia del embajador de Chile en Panamá, quien rendirá un homenaje póstumo a su compatriota Gerardo Olivares Velásquez, asesinado en Coiba en 1977.
También se hará un homenaje especial al líder estudiantil Floyd Britton, muerto en el penal en 1969, luego de haber sido recibido con una paliza brutal en la denominada "calle de honor".
En 1976, una comisión panameña sobre reforma penal caracterizó el sistema disciplinario de Coiba como absolutamente falto de respeto, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tuvo conocimiento de castigos crueles y arbitrarios en ese lugar.
La Comisión de la Verdad y la Iglesia Católica harán una eucaristía en el lugar, develarán un monumento y declararán campo santo el sitio.
Actualmente las compañías petroleras le venden a las distribuidoras el combustible a $1.11 el galón, cantidad que podría variar de acuerdo a los precios internacionales, a esto se le suma 60 centésimos que representa el impuesto del gobierno, y 0.2 centésimos por el transporte.
Picardi asegura que la liberación del mercado implementada desde el año pasado ha llevado a engrosar la fila de las petroleras ya que toda la inversión de los minoristas irá pasando poco a poco a mano de las transnacionales petroleras.
La ley de liberalización del producto petrolero ha resultado ser ineficiente ante el oligopolio conformado por las cinco petroleras, quienes no permiten que más nadie entre al mercado que está siendo dominado por ellas, dijo Picardi.
"Son tantos los obstáculos que esta ley ha puesto, que desde hace un año y tres meses que ninguna compañía ha entrado al mercado nacional. No existe competencia alguna", explicó.
Por esta razón los distribuidores de los países centroamericanos arremetieron durante una convención realizada en Honduras, contra lo que califican el oligopolio de las importadoras de los productos derivados del petróleo.
Petrolera Nacional, S.A, por su parte señaló que la petición de los distribuidores de combustible podría causar más problemas que los que pretende resolver en razón de la falta de coordinación entre gobiernos, a veces adversos, de las distintas políticas energéticas.
Explican que las diferentes especificaciones técnicas referentes al contenido de azufre, plomo y octanaje requeridas entre distintos países, así como sus requerimientos legales y financieros, podrían hacer no viable el planteamiento, o peor aún, podrían introducir en Panamá, por ejemplo, niveles de calidad de gasolinas o diesel que no corresponden con las exigencias de este mercado.
En cualquier caso, señalan los expertos de ACCEL que si bien simpatizan con los propósitos de los distribuidores de combustibles en sus reacciones ante una coyuntura de precios que afecta a todos, los costos del combustible en Centroamérica son a veces hasta en un 90% producto de factores internacionales.
Aducen que en caso de consolidación de compras entre países podría generar una economía de escala si los importadores están preparados para manejar los riesgos físicos y financieros de los hidrocarburos, pero no incidirán en lo más mínimo en las cotizaciones.
