DIVERSOS SECTORES de la sociedad panameña están conformes y aprueban al Código Uniforme de Ética, que prohibe, entre otros puntos, que funcionarios reciban regalos, beneficios, promesas u otras ventajas de particulares u otros funcionarios directa o indirectamente.
Para el ex contralor de la República, Rubén Darío Carles, todo lo que signifique asegurar normas de honestidad y ética es excelente. Sin embargo, instó al actual gobierno a que la divulgue para que todos sepan de qué se trata.
"Esta es una costumbre que se ha desarrollado en Panamá, en todos lo niveles, y se ha convertido en un problema. La corrupción se combate dando el ejemplo desde arriba", precisó el veterano político.
Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, precisó que la medida es excelente para la transparencia, pero advirtió que se debió consultar más con los diferentes sectores que componen esta sociedad.
"Los valores no se enseñan con decretos, pero es un paso", dijo.
También dijo que debería haber funcionarios que crean en la rendición de cuentas.
Otro paso sano, según Castillo, sería reformar la ley 59, que regula el enriquecimiento ilícito.
El ex presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Darío Selles, considera que se trata de una medida sana, que "tendrá un efecto extraordinario y positivo" para el inversionista que quiera venir a establecerse en Panamá.
Señaló que esta iniciativa es básicamente para evitar que funcionarios otorguen facilidades a determinadas personas, a cambio de regalos.
El defensor del Pueblo, Juan Tejada, lo calificó como un avance en el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
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