El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Reynaldo Rivera, advirtió ayer que los extranjeros no pueden ejercer el comercio al por menor en el territorio nacional, por lo que la medida aplicada por el Municipio de Panamá restringiendo la buhonería sólo para panameños, es correcta.
Puntualizó que el comercio al por menor es una actividad exclusiva de los nacionales, por lo que no se pueden permitir que la cifra de extranjeros dedicados a la misma siga creciendo.
Indicó que la Constitución Nacional establece claramente que esta es una actividad que debe ser desarrollada en forma exclusiva por los panameños y advirtió que no se puede incumplir las normas legales vigentes.
Planteó la necesidad de que el Ministerio de Economía, a través de la dirección de Aduanas, el Municipio de Panamá y el Ministerio de Trabajo establezcan los controles para determinar la nacionalidad de quienes ejercen el comercio al por menor.
"En forma conjunta debemos diseñar medidas tendientes a controlar esta práctica en la geografía nacional y no permitir que los panameños sean desplazados", acotó Rivera.
Un grupo de buhoneros afectados por el decreto emitido por la Alcaldía de Panamá que restringe el comercio al por menor para los extranjeros efectuó un piqueteo la semana pasada en la Basílica Menor Don Bosco.
De acuerdo al dirigente de los buhoneros, Enrique Vergara, la medida del Municipio afecta a los comerciantes extranjeros que tienen varios años de estar residiendo en Panamá y que incluso tienen esposa e hijos panameños.
Explicó que los extranjeros entienden las regulaciones laborales panameñas que exigen que el negocio de buhonería sea una actividad exclusiva de los nacionales, pero añadió que muchos están casados y han adquirido la nacionalidad.
Apuntó que la regulación de la Alcaldía no es válida porque afecta a gran cantidad de extranjeros que tienen familia panameña y han establecido su residencia en el país.
Los buhoneros pidieron a la Alcaldía que haga una excepción a más de mil familias de origen hondureño, colombiano, nicaragüense, ecuatoriano y dominicano, afectadas con la medida.
Los buhoneros presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad que busca establecer en forma clara cuáles son las disposiciones del decreto 25 emitido por el Municipio de Panamá.
