La Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, emitió ayer concepto favorable al Decreto Ley que creó el Fondo del Canal para la ejecución del Programa de Desarrollo Comunitario para Infraestructura Pública y la Educación (PRODEC).
Según informó el presidente de esta instancia legislativa, el diputado Tomás Gabriel Altamirano Mantovani, se sugerirá a la Comisión de Hacienda de la Asamblea realizar algunos ajustes a este decreto, con el que anualmente se destinará 50 millones de balboas de los excedentes del Canal de Panamá, para desarrollar obras de infraestructura.
Entre las recomendaciones de esta instancia está el que se defina claramente cómo y en qué se utilizarían estos fondos.
Este Decreto Ley, según Altamirano Mantovani, independientemente de los resultados del referéndum por la ampliación del Canal, es importante por los proyectos futuros, como las construcciones de los megapuertos y el turismo.
Crea la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.
Se garantizará el interés superior del consumidor mediante el establecimiento de mecanismos rápidos y ágiles para el reconocimiento y resguardo de sus derechos, atendiendo sus necesidades y garantizando condiciones de protección.
Se promueve el aseguramiento de las condiciones de competencia en los mercados de bienes y servicios, a fin de impulsar la eficiencia, la reducción de precios, la diversificación de la oferta y la competitividad nacional. Además busca dar mayores herramientas que promuevan la eficiencia y efectividad en su gestión.
La nueva entidad conocerá de las prácticas monopolísticas o discriminatorias de empresas que prestan servicios públicos, atendiendo la experiencia, conocimiento y competencia de la entidad, a fin de que las empresas prestadoras de estos servicios sean investigadas por prácticas monopolísticas, evitando abusos y distorsiones por abusos de poder, en perjuicio de toda la ciudadanía.
Se instituye el reconocimiento legal de los derechos de los consumidores, los cuales no se encontraban consagrados en la ley.
En materia de garantía se reconoce como principio que el periodo mínimo que se deberá ofrecer a todo consumidor sobre un bien, es el que el proveedor reciba del fabricante.
Cuando un proveedor honra la garantía de un bien y procede a su reparación, se dará la suspensión del periodo de garantía, a fin de que dicho tiempo no cuente en contra del consumidor , y el tiempo de garantía se vea prorrogado.
Se fija el concepto de publicidad engañosa, definiendo los supuestos en que un anuncio puede inducir a engaño y error al consumidor.
Para ampliar la acción de defensa de los consumidores, se ha establecido un procedimiento sumario, de naturaleza oral, sin la necesidad de abogado, ante juzgados municipales especializados, que tienen competencia para conocer de quejas de hasta 10 mil balboas.
Que restructura y organiza las atribuciones del Ente Regulador de los Servicios Públicos y crea la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
Se crea la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que reemplaza al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) que tendrán al frente dos consejos de administración integrados por ministros de Estado que jerárquicamente tendrán mayor peso que el administrador.
Según consta en el contenido de los decretos leyes que fueron publicados en Gaceta Oficial, el Ejecutivo tendrá más poderes e injerencia en la institución que pasarán a reemplazar al Ente Regulador de los Servicios Públicos.
La institución dedicada a los servicios públicos, que entra a regir 60 días después de su promulgación, tendrá un Consejo de Administración, o organismo supervisor, integrado por dos ministros y tres personas designadas por el presidente.
La autoridad del consumidor, tendrá un consejo asesor formado por cinco miembros, de los cuales tres son los ministros: Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Salud. Además, estará formado por un representante de los consumidores y otro de los empresarios.
Que crea la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos y dicta otras disposiciones.
Se crea la nueva Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, la cual será controlada por los ministros de Comercio e Industrias, de Desarrollo Agropecuario y de Salud.
Esta entidad tendrá la responsabilidad de prevenir la introducción de plagas y enfermedades transmisibles por alimentos, también dictará las normas fito-zoosanitarias, los requisitos para la introducción de productos alimenticios al país y aprobará la elegibilidad de zonas, país, regiones y compartimentos para la importación.
La presidencia de la junta directiva de esta nueva autoridad será rotativa entre los tres ministros y contará
Segunda parte
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