Comisión de Estado por la Justicia sigue activa

El Pacto de Estado por la Justicia es un compromiso nacional que fue asumido en el año 2005, con el objetivo de reestructurar el sistema de justicia panameño, a fin de hacerlo realmente independiente, transparente y eficiente.

El 16 de marzo de ese año, el entonces presidente Martín Torrijos convocó a una Comisión de Estado por la Justicia, que se encargaría de definir una agenda para orientar en forma sistemática los esfuerzos por ejecutar.

Trece años después, las preguntas son de cajón: ¿Se alcanzaron los objetivos? ¿Pudo el Pacto hacer tangibles las metas que se propuso? ¿Logró la comisión plantear acciones puntuales para frenar a una justicia cuesta abajo?

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Rafael Candanedo, miembro de la Comisión de Estado por la Justicia, rememora y lo plantea así...

"El cielo entonces parecía el reestructurar y modernizar aquel cuerpo, si puede denominarse así, y establecer una agenda y esfuerzos permanentes en pro de una reforma judicial, con ley de carrera propia, políticas de Estado, comisiones de trabajo y otras parafernalias a las que estamos acostumbrados los miembros de esta comunidad a escribir en los documentos oficiales. Buena fe. El papel aguanta todo".

Para Magaly Castillo, activista de la sociedad civil, y ligada también al Pacto, el trabajo se ha hecho, las propuestas están allí, pero no ha habido un "compromiso" de los gobiernos de 2005 a la fecha.

Reconoce que algunas recomendaciones se han implementado. Y cita como ejemplos el Sistema Penal Acusatorio y la Justicia de Paz, en este gobierno.

"El problema es que no se destinaron los recursos. Y allí es donde la voluntad política no se ve. Hay un compromiso a media", enfatizó Castillo.

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Reactivación

Hace tres años la Comisión de Estado por la Justicia ha retomado la constancia de sus reuniones, con al menos una al mes.

Hace una semana discutió la Ley de Carrera con el Órgano Judicial y ofreció cortesía de sala a los jueces de paz.

Y en el horizonte cercano tiene tres temas de importancia: La implementación de la Carrera Judicial, el Tribunal de Integridad y Transparencia, y el seguimiento a la implementación de la Justicia de Paz.

No obstante, en este momento toda su atención se enfoca en el escrutinio de los 20 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es otra de sus funciones desde 2005.

Aunque el presidente Juan Carlos Varela intentó evadir esta instancia de escrutinio, con su fallida designación de las anteriores aspirantes, Ana Lucrecia Tovar, y Zuleyka Moore.

Corregido el rumbo, el Ejecutivo ha enviado su preselección, una lista que está siendo evaluada por la comisión.

Aunque esta vez dos miembros se han declarado impedidos, el representante del Ejecutivo (por haber participado en la preselección) y el de la CSJ (porque 11 de los candidatos vienen del Órgano Judicial).

Rafael Candanedo, representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, valoró la actual labor que cumplen, al destacar dos expresiones: "La palabra clave es meritocracia", dijo Candanedo. "Y la palabra mala, lo que no queremos, es manipulación política", concluyó.