La Comisión de Estado por la Justicia pidió prolongar las discusiones, pero no significa necesariamente que la misma, presidida por el procurador de la Administración, Oscar Ceville, haya dejado de lado su objetivo de conversar sobre el sistema judicial.
En un informe elaborado tras realizar 31 reuniones, detallan que están por concluir un proyecto de resolución para ser propuesto al Órgano Ejecutivo, en la que participe la sociedad civil.
Entre los temas revisados están la designación de los magistrados de la Corte, procuradores de la Nación y de la Administración y la ley orgánica de la PTJ.
Afirman, en la nota firmada por Ceville, que se envió a la Asamblea Nacional una propuesta de modificación al Proyecto de Ley No. 12 que modifica y adiciona la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999 "que reglamenta el artículo 299 de la Constitución Política, tendiente a facilitar el proceso para determinar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios.
La regulación del ejercicio de la abogacía, también podría estar en el informe final que presentará la Comisión, así como propuestas del Instituto de Criminología para el sistema penitenciario.
La Comisión la integran asociaciones, universidades, partidos políticos y personas naturales y jurídicas.
Un periodista levantó la mano y preguntó al auditorio si estaba de acuerdo en que los funcionarios de alto rango acepten críticas rigurosas sobre su actuación o que por el contrario reaccionen interponiendo denuncias y tratando de meter preso a los comunicadores sociales.
Ante esta pregunta, el representante de la Defensoría, Guido Rodríguez, expresó que la Comisión Interamericana de Derechos Humananos establece en su Artículo 13 el derecho que tienen todos los ciudadanos de expresar libremente su opinión a través de cualquier medio.
Rodríguez aseveró que la Comisión ha recomendando ciertos estándares para preservar el derecho a la honra de los funcionarios, sin menoscavar la libertad de expresión. Y aclaró que los funcionarios que se sientan agraviados, sólo podrán actuar en el derecho civil.
"Un servidor público debe estar sometido a un mayor escrutinio y rendir cuentas de sus actos. Y qué ocurre en la práctica, se utilizan las instituciones del derecho penal para evitar la divulgación de información y callar a los periodistas", agregó.
El Magistrado Winston Spadafora logró que el Juzgado Décimosegundo Civil secuestrara el salario y bienes de Chéry hasta por B/.18.653. No obstante, la acción fue levantada mediante una fianza interpuesta por EPASA.
Gremios de periodistas y otras organizaciones han expresado su rechazo a la medida en contra de los profesionales de la pluma y EPASA.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
