El presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Manuel González Ruiz, pidió al Ejecutivo que considere urgentemente la eliminación de las comisiones evaluadoras en los procesos de licitaciones públicas, para evitar la injerencia de funcionarios del gobierno en las adjudicaciones.
Tanto González Ruiz, como el director de la organización Eduardo Rodríguez, denunciaron la supuesta injerencia de funcionarios del gobierno que integran la Comisión Evaluadora, "y que han accidentado el proceso de selección en la licitación para la remodelación de la Planta Potabilizadora de Chilibre".
González Ruiz precisó que es urgente un cambio a la Ley 56 de contrataciones públicas, ya que en este tipo de licitaciones en donde intervienen comisiones evaluadoras se registran situaciones que empañan la transparencia de los actos públicos.
Aseveró que ya conversaron con el Contralor de la República, Alvin Weeden, quien les pidió prudencia en las recomendaciones en relación a los cambios que deben hacerse a la ley, y en estos momentos hay una comisión en la CAPAC que está estudiando el tema.
Indicó que en las licitaciones de obras de construcción se debe considerar el ofrecimiento del mejor precio, además del criterio de la adjudicación del bono de propuesta, los bonos de garantías por parte de las aseguradoras y el financiamiento de los bancos.
De esta forma, enfatizó, una empresa podrá calificar o no en una licitación y no se vería sujeta a comisiones evaluadoras que "se desvían y permiten la introducción de elementos que dirigen el resultado de una licitación para favorecer a alguien en particular".
Señaló además que debe haber equidad entre los contratantes para que se permita a los contratistas, la posibilidad de que pueda suspenderse la obra cuando el gobierno falta a sus pagos.
Las comisiones evaluadoras generalmente están conformadas en igual número por representantes del gobierno y del sector privado, pero según González Ruiz, no se especifica de qué organizaciones pueden ser.
La realidad, sostuvo, es que deben ser personas involucradas con el tema de las licitaciones y que tengan algún tipo de experiencia, de forma tal que al momento de hacer la evaluación puedan ser objetivos.
El año pasado el vicepresidente del país, Dominador Bazán, indicó que era necesario modificar la Ley 56 para agilizar los procedimientos.