El capitán Jaime Fábrega, vocero del Comité de Usuarios del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, reiteró su solicitud al Organo Ejecutivo para que les entregue el estudio de factibilidad elaborado para la construcción de la Ciudad Gubernamental, en el que se recomienda el traslado de esta terminal aérea.
Indicó que los pilotos y usuarios del Marcos A. Gelabert han dado reiteradas muestras de buena voluntad e intentos de acercamiento con los representantes del Ejecutivo, sin embargo, no han recibido el mismo trato.
Fábrega dijo que desde el primer momento en que se reunieron con el segundo vicepresidente de la República, Dominador Kaiser Bazán, éste les prometió que les haría llegar el informe, pero hasta el momento no lo ha hecho, sin que exista una razón de peso para esta actitud.
El dirigente de los pilotos dijo que ante el hermetismo con que el Ejecutivo maneja el problema, temen que en cualquier momento se pueda presentar un "madrugonazo" y se apruebe el traslado del aeropuerto de Albrook sin informarles o tomarles en cuenta.
Manifestó que han expresado en reiteradas ocasiones a los representantes del Gobierno que tienen deseos de conocer el estudio de factibilidad para poder emitir su opinión sobre la base de un criterio científico, pero hay una negativa permanente.
Fábrega reiteró el rechazo del comité que representa a las pretensiones de trasladar el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, mientras que no se demuestre que esta instalación pueda funcionar mejor en otro lugar.
Castrejón no justifica estas conexiones ilegales porque si ya existe el tendido eléctrico, en uno o dos días de haber realizado la solicitud, se les puede instalar el servicio.
Según el Ente si los asentamientos se encuentran a una distancia menor de los 100 metros, es obligación de la empresa darle el servicio, de no ser así la ésta podría ser multada.
Las telarañas no sólo perjudican a las empresas o usuarios ilegales; afectan mayormente a quienes viven en esos sectores y tienen sus contratos legales. En estos casos, explica Castrejón, se producen daños como fluctuaciones de voltaje, daños en los electrodomésticos y situaciones anómalas. Si para los usuarios los daños además del orden material se traducen en pérdidas económicas, entonces al final de la ruta quién paga esas pérdidas.
A esta pregunta el director del Ente explicó que hay pérdidas aceptables y no aceptables. Las pérdidas aceptables son las técnicas, que andan por el 10 por ciento. Se consideran pérdidas técnicas aquéllas que no se pueden evitar. Por ejemplo todos los artefactos eléctricos convierten la energía en luz o en otra forma, pero en esa transformación se da una pérdida. También en los alambres del tendido eléctrico que se calientan y esa energía no es recuperable, explicó Rodríguez.
Sobre las pérdidas no aceptables son aquéllas que superan el 10 por ciento y que se producen por robo de energía de los usuarios y las empresas deben absorberlas.
Rodríguez manifestó que por esta situación las empresas presentan sus quejas para que al momento de estructurar sus tarifas se les amplíe el porcentaje de pérdidas oficialmente aceptadas, porque de lo contrario deberán asimilarlas en sus presupuestos.
"Esa es la razón principal para que ellos la presenten al Ente"; de lo contrario los clientes pagarían las pérdidas por robo y las empresas estarían exentas de buscar mecanismos para evitar los robos.
