El Ministerio de Salud, con B/.40.5 millones asignados, se constituye en la dependencia que más dinero del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) se le asignó en el presupuesto de este año. Le siguen el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con B/.32.9 millones y el Ministerio de Educación con B/.29.9 millones.
En el cuarto lugar está la Presidencia de la República, ministerio al cual se le asignó un total de B/.25.1 millones de los B/.200 millones que corresponden a los fondos entregados por adelantado del FFD.
Al Ministerio de Obras Públicas (MOP) le asignaron B/.22.4 millones; al de Desarrollo Agropecuario (MIDA), le corresponden B/.12.9 millones; a Vivienda (MIVI) B/.11.5 millones y al Ministerio de Gobierno B/.8.9 millones.
Al Ministerio de Comercio se le asignaron B/.5.2 millones; al de Trabaio, B/.4.6 millones y al Ministerio de la Juventud B/.3.7 millones, mientras que a Relaciones Exteriores no se le asignó fondos de este origen.
Según el documento, al Organo Judicial le corresponderán B/.1.5 millones y al Ministerio Público B/.300 mil de los B/.200 millones del Fondo Fiduciario.
A juicio del legislador Culiolis, según lo establecido en el documento, son diversos los ministerios a los cuales se le han asignado dineros del Fondo Fiduciario, los cuales serán utilizados para algunos renglones que no se relacionan con las inversiones y están fuera de lo permitido por la ley.
Mencionó al Ministerio de Vivienda (MIVI) como una de las entidades que más llama la atención, ya que tiene un renglón denominado "gastos administrativos", al cual le asignan B/.767 mil y otro que se menciona como "provincial gastos administrativos" el cual tienen B/.767 mil.
Señaló además el caso del Ministerio de Gobierno que destina B/1.9 millones para equipo de comunicaciones, B/.195 mil para la modernización de servicio de Correos y por lo menos B/.86 mil para gastos de mejoras de instalaciones de la sede central y las oficinas regionales.
La Presidencia de la República, con dinero del FFD destinará B/.453 mil para la habilitación y equipamiento de la Dirección Nacional de Proyectos, B/.341 mil para habilitación del Campo de Antenas, B/.82 mil para la adquisición de equipo de cómputos, B/.90 mil para remozamiento del primer piso y sótano del edificio de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT).
Se pregunta el legislador Culiolis si este tipo de obras pueden ser consideradas como de inversión social o programas en beneficio de los panameños más pobres y si están dentro de lo que permite la Ley 22.
Reiteró que éstas son sólo algunas de las inversiones que a su juicio no están dentro de los sectores que permite la Ley 22, conclusión a la que llegó después de un análisis que hizo del documento que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Todas las obras que a juicio de Culiolis no cumplen con los requisitos exigidos por la Ley 22, suman B/.50 millones, lo que "despierta la suspicacia y da lugar a las dudas".
El legislador dijo que tal preocupación se la expresó al ministro de Economía, Norberto Delgado, quien se comprometió a revisar tales asignaciones, pero a la fecha no ha recibido respuesta al respecto.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, expresó que el hecho de que la ley autorice al Gobierno a utilizar este dinero "por adelantado" puede ser aprovechado por la actual administración para empezar a inyectar este dinero a la economía nacional.
Son obras diversas que pueden empezar a ejecutarse de inmediato, lo cual podría poner a funcionar la economía nacional en los primeros meses del año, indicó.
Con respecto al uso que ha programado el Gobierno para este fin, aseguró que la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Presupuesto va a fiscalizar el destino de este dinero y hará lo posible por verificar que se cumpla con lo que dispone la Ley 22.
Mientras que la legisladora Balbina Herrera, presidenta del Partido Revolucionario Democrático (PRD) dijo que la ley es clara y en el caso que el Gobierno no cumpla con los requisitos exigidos, tendrá que dar las explicaciones.
Advirtió que el PRD está haciendo los análisis respectivos y que en su momento verificará el uso que le dará el Gobierno a los fondos, "para evitar que haya abuso".
Herrera destacó que tal y como lo dispone la ley, este dinero debe ser utilizado para inversiones y no se justifica que se destine a gastos administrativos.
En tanto, el democristiano Culiolis recalcó que al momento que el ministro de Economía, Norberto Delgado presentó el documento ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, él personalmente le hizo llegar esta inquietud.
En ese momento el ministro se comprometió a revisar las inversiones programadas, para determinar si se cumplía o no con las exigencias establecidas en la ley que autorizó el uso de este dinero.
Sin embargo, en estos momentos no se sabe qué se hizo, si es que se corrigió o se mantiene en el presupuesto en la misma forma en que fue presentado originalmente, pues para hacerlo habría que modificar la Ley de Presupuesto.
Según la Ley 22 del 27 de junio de 2000, que modificó la norma que creó el Fondo Fiduciario, este dinero sería invertido en ocho áreas específicas.
La norma dispone que estos fondos deben ser invertidos en el sector agropecuario, salud, educación, administración de justicia, transporte, vivienda, así como otras inversiones (apoyo a la micro y pequeña empresa, turismo, desarrollo de Darién y otras comunidades indígenas).
Para ejecutar obras de inversión y el manejo de estos fondos son necesarios algunos gastos administrativos, pero en este caso el Gobierno debe poner una contrapartida y permitir que el dinero del FFD sea utilizado en su totalidad para los fines dispuestos.
En el artículo 3 de esta ley se establece que las inversiones de los recursos del Fondo sólo deben hacerse en condiciones de óptimo rendimiento, liquidez y seguridad en términos de recobro. Culiolis dijo que además de establecer los sectores específicos en los cuales se puede invertir este dinero, se dispone el tipo de obra o inversión que se puede desarrollar en cada uno de ellos.
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