EL EX subdirector de la Dirección Nacional de Migración, Javier Tapia y el asesor legal de la administración anterior, Luis Corro eran dos personas complacientes, como salió a relucir al llegar el nuevo Gobierno.
Ramón Lima, director de la institución, dijo al Panamá América que "habían muchos vistos buenos" de ambos y a su modo de ver, esa era sólo la forma de "quizás saltarse algunos requisitos y aprobarlos".
Lima se refiere a unos 2,500 expedientes, de chinos, indostanes, cubanos, entre otros. Estas personas esperaban la aprobación de su residencia, pero justamente en la emisión de estos documentos se encontraron irregularidades.
Fue así como se decidió hacer la consulta a la Procuraduría de la Administración que respondió que algunas resoluciones podían ser anuladas.
De hecho, habían razones legales para hacerlo. La ley, según indicó Lima, establece que "una persona con un dependiente debe tener una renta gravable de B/. 6,900 anual que representa B/. 575 de renta neta mensual".
Lo extraño surgió cuando se encontraron expedientes con ingresos anuales de apenas B/. 4,300 y nos los B/. 6,900 requeridos.
Según Ramón Lima, hay mucho por hacer pero los obstáculos se presentan a la hora de solicitar los recursos económicos que en el caso de Migración, no son suficientes y que con la contención del gasto, podrían ser menos.
A ello suma una "estructura administrativa deficiente", como la define el director de la entidad.
Complacencia sobraba en Migración
Esperan la donación de un sistema de circuito cerrado aunque se diga que "es un cuartel".
