LLa decisión de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de posponer la revisión de unas 14 denuncias y querellas penales que reposan en este órgano del Estado, en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), demuestra una vez más la complicidad que hay entre estas instituciones públicas.
Así lo manifestó a Panamá América el politólogo Richard Morales, quien añadió que esta es una decisión que demuestra cómo ambos órganos del Estado deciden no investigarse para mantener su mutua impunidad y de esta forma protegerse entre ellos en los actos de corrupción que cometen.
Morales añadió que por "el lado de la Corte Suprema de Justicia está la venta de fallos y por el lado de la Asamblea Nacional el uso de las partidas para enriquecimiento ilícito".
El politólogo agregó que esto también deja claro que tanto la CSJ como la Asamblea están subordinados al Ejecutivo, específicamente al presidente Juan Carlos Varela, ya que su presupuesto y las prebendas que reciben dependen de esto.
Lo que a juicio del experto deja en evidencia que ambos órganos no solo actúan para protegerse, sino que actúan obedeciendo las órdenes de Varela.
"Es claro que con posponerlas no va haber ningún tipo de investigación y cualquier tentación de hacerlo es con la intención de distraer a la opinión pública, lo que deja claro que la impunidad se va a mantener y de que en Panamá no hay ni habrá separación de poderes", dijo Morales.
Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, señaló que con la decisión de la Asamblea se confirma la teoría de que en Panamá "yo no te juzgo, tú no me juzgas y no nos juzgamos".
Rodríguez agregó que esta decisión adoptada por la Comisión de Credenciales no solo defrauda el interés de la Constitución, sino también el que tiene la sociedad de que los poderes del Estado funcionen de manera correcta.
La solicitud de la postergación fue hecha por el diputado suplente Jorge Dutari y apoyada por sus colegas que componen la Comisión de Credenciales.
Dutari agregó que este pedido de postergación se hizo, debido a que no tenían conocimiento de los casos y los mismos no les habían llegado a sus despachos, por lo que les gustaría verificar todas las denuncias para poder fallar objetivamente en base al derecho.
Ante esto, el presidente de la Comisión de Credenciales, Jorge Alberto Rosas, justificó la decisión de posponer el análisis de estas denuncias presentadas en el hemiciclo legislativo.
"Son varios casos los que reposan en la Comisión de Credenciales y cada uno tiene sus peculiaridades, no es desatendible la petición que han hecho, lo importante es que trataremos que sean resueltos la mayoría de los casos antes del 30 de junio", agregó Rosas.
Hay que destacar que las denuncias presentadas alcanzan a los magistrados Harry Díaz, Oydén Ortega, Hernán de León, Luis Ramón Fábrega y José Ayú Prado y la mayoría por abusos de autoridad e infracciones de los deberes de los servidores públicos.
14
son las denuncias en contra de los magistrados en la Asamblea.
30
de junio es la fecha límite para atender estas denuncias.
10
años es lo que dura un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el cargo.
