La compra de alimentos para caballos en el extranjero y el financiamiento de viajes a terceras personas sin sustento, forman parte de los gastos que hizo la Fundación Pro Educación Integral de la Niñez y la Juventud, que presidió la ex primera dama, Ruby Moscoso de Young.
Esas irregularidades están plasmadas en el informe de auditoría sobre el "Museo del Tucán" que remitió la Contraloría de la República al Ministerio Público y a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), para deslindar responsabilidades por el presunto mal uso de B/.4.4 millones que donó Taiwán a la administración pasada.
El dinero se usó para todo lo imaginable: pagos de tarjetas de crédito de miembros de la fundación, compra de licores, pago por servicios a empresas que no aparecen en el Registro Público y sirvió para cancelar deudas comerciales de personas jurídicas con financieras y bancos locales.
Se pagaron más de B/.13 mil en alimentos para caballos comprados en Miami, Estados Unidos. La solicitud la hizo el difunto esposo de Ruby Moscoso, Carlos C. Young Adames, a la empresa New Sabor Feed Inc., para ser transferidos de Miami al Hipódromo Presidente Remón.
Dicho monto es inferior al que destinó la fundación y la propia Asociación Pro Obras de Beneficiencia adscrita al Despacho de la ex primera dama al programa "ayudemos a forjar sociedades residentes, giras médicas", para comprar suplementos alimenticios por la suma de B/.8,047.80.
"Apoyo a tratamiento médico", fue la justificación que proporcionó Ruby Moscoso al respecto.
Estas personas no fueron las únicas que viajaron con fondos de la Asociación. También lo hizo en varias ocasiones a Madrid, España, Katia Pérez de Gracia, esposa del ex ministro de Salud, Fernando Gracia y tesorera de la fundación.
Ruby Moscoso emitió un cheque por B/.24,143.77 para abonar a un préstamo comercial que la compañía mantenía el consorcio con una financiera de la localidad.
Cuando los auditores de la Contraloría interrogaron a directivos de la entidad bancaria sobre el particular, éstos informaron que el expediente de la transacción fue destruido por tener más de cinco años de haber sido cancelada la deuda.
