El presunto peculado de 53,753.12 balboas ocurrido en el Centro Básico General Monseñor Francisco Beckman, en San Miguelito, fue muy bien planeado.
Eso arroja la auditoría especial No. 03-01-08 realizada el año pasado por el Ministerio de Educación y a la cual tuvo acceso .
Según la auditoría, el director Daniel Véliz; la administradora, Angela Buendía y la contadora, Norma Alveo, aparentemente usaron empresas, funcionarios y personas particulares para cometer las irregularidades.
Detalla que se cobraron ingresos que no fueron reportados ni depositados por la suma de 11,010.30 dólares y desembolsos sin sustentar por 42,742.82.
En el período que abarca la auditoría, del 1 de enero de 2006 al 31 de mayo del 2007, el Estado desembolsó 108,817.22 dólares al Beckman, de los cuales no aparecen 53.753.12.
Esto significa que en un año, presuntamente, desapareció casi el 50% de los fondos destinados para los estudiantes.
La auditoría destaca que hubo 18 desembolsos a 16 empresas por 32,290.68 dólares, de los que no se evidenció la documentación sustentadora y otros sin el recibido del bien adquirido o su existencia.
Por ejemplo, a una de las empresas favorecidas, Ventas y Servicios Batista, se compró pintura por 4,955.90 dólares; no obstante, en una verificación se determinó que el colegio no fue pintado.
Además, al realizar el inventario de las pinturas no se encontró la cantidad adquirida.
A la compañía Edificaciones e Instalaciones le compraron materiales eléctricos por 4,673.50 dólares para un nuevo edificio; pero no se encontró constancia de que los materiales fueran recibidos.
Igualmente pagaron a Inversiones Demar por un mobiliario para el Departamento de Mecanografía, sin que se comprobara la existencia de las 10 mesas para máquinas de escribir adquiridas.
Los auditores llamaron al número de teléfono de la empresa que aparece en la cotización para confirmar la compra, pero éste era el de una residencia y no de la empresa Demar.
Lo mismo ocurrió con 13 empresas más, con las cuales no se pudo sustentar los desembolsos.
A cargo de las cuentas del Fondo de Bienestar Estudiantil se hicieron desembolsos que no tienen documentación sustentadora por 7,704.25 dólares.
Este dinero estaba destinado a la alimentación de los estudiantes del plantel, ubicado en el empobrecido distrito de San Miguelito.
Busque mañana cómo los administradores del Beckman, se apoderaron de dineros del kiosco, fotocopiadora, cafetería y puestos de ventas del plantel.
Un nuevo escándalo ensombrece la educación
Rogelio Mata, ex director regional de San Miguelito, señaló que durante su administración interpusieron una denuncia en contra del director, la administradora y la contadora del Beckman.
Mata resaltó que incluso separaron de sus cargos a estos funcionarios, ya que eran los principales implicados en este escándalo que vuelve a ensombrecer la educación en San Miguelito.
Mencionó que ahora le tocará a las autoridades judiciales formularle los cargos pertinentes a los implicados, dependiendo del grado de culpabilidad de cada uno.
Los administradores del Beckman vinculados al peculado incumplieron las exigencias contempladas en el Manual de Procedimiento para el Uso y Control del Fondo de Matrícula y Bienestar Estudiantil, la Ley No. 56 de 1995 y el Decreto Ejecutivo No. 18 de 1996, todos relacionados con el manejo de fondos educativos y su efectivo uso en los centros escolares.
Por el momento no se ha detenido a ninguno de los denunciados, a pesar que autoridades del MEDUCA entregaron toda la información a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en San Miguelito.
Autoridades no quieren actuar, afirma dirigente
Los dirigentes magisteriales y los padres de familia solicitaron más diligencia a las autoridades para que castiguen con todas las fuerzas de la ley a las personas culpadas por este delito.
Andrés Rodríguez, del Frente de Acción Magisterial (FAM), señaló que en estos momentos tanto el director como los demás funcionarios denunciados por este peculado andan circulando libremente, como si nada hubiera sucedido.
“Con esto se observa que las autoridades judiciales no quieren actuar, mientras que en otros casos sí”, apuntó.
Luis López, de la Coordinadora de Unidad magisterial (CUM), puntualizó que a los tres funcionarios involucrados les debe caer todo el peso de la ley.
Expresó que no es justo que estas personas jueguen con fondos que debían ser destinados para alimentar a estudiantes de escasos recursos.
Agregó que si hay empresarios involucrados en este escándalo, también deben pagar.
En tanto, Aixa Gómez, de la Confederación de Padres de Familia, solicitó que se repongan los fondos perdidos, ya que el Beckman atraviesa una preocupante situación.
(Primera entrega)
