Los candidatos presidenciales Martín Torrijos, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y José Miguel Alemán, del Partido Arnulfista, coincidieron ayer en que las leyes mordaza, que restringen la libertad de expresión, deben ser derogadas.
Aunque ambos candidatos se mostraron a favor de impulsar esta iniciativa, el abanderado del arnulfismo se comprometió a indultar a todos los periodistas que tuvieran procesos penales relacionados con el ejercicio de su profesión. Se refirió también a la necesidad de despenalizar la calumnia e injuria y eliminar las leyes de desacato.
Por su parte, Torrijos afirmó que el primer decreto que firmaría sería para derogar las disposiciones administrativas que limitan el espíritu de la Ley de Transparencia (Ley 6 de 2002) ,porque considera que como fue concebida originalmente, permitirá a los periodistas contribuir a erradicar las diversas formas de corrupción y enriquecimiento ilícito. Torrijos se comprometió a mantener una relación con los medios basada en el respeto y el libre acceso a las fuentes originales informativas.
Las propuestas de los candidatos se dieron ayer en el Congreso Nacional de Periodismo, organizado por el sindicato de este gremio, en el que estuvieron ausentes los presidenciables Guillermo Endara y Ricardo Martinelli.
En Panamá existen unas 25 normas que restringen la libertad de expresión. Estas se encuentran en la Constitución Nacional y en los códigos Judicial, Administrativo, Penal y Electoral y sólo tres se tipifican como leyes mordaza: La Ley 67 de 1978, que rige la profesión periodística; la Ley 11 de 1978, que rige los medios de comunicación social y el Decreto de Gabinete 251 de 1969, que crea la Junta Nacional de Censura.
"Derrotar el terrorismo en Colombia es salvar del terrorismo a toda la región, porque el terrorismo, financiado por el narcotráfico, puede hacer metástasis en todos los países", advirtió Uribe. Los gobernantes visitaron la capital paraguaya para participar en los actos de traspaso de mando, en los que juró como nuevo presidente de Paraguay el periodista y abogado Nicanor Duarte Frutos.
Los vínculos de muchas de estas bandas llegan hasta los colegios y ahí la situación se complica. Los enfrentamientos son el denominador común de la vida estudiantil. Inclusive han ocurrido asesinatos. Actualmente el Colegio Artes y Oficios se encuentra cerrado como resultado de una de las reyertas estudiantiles más violentas en la que se cometieron actos vandálicos.
Según explica Jaime Quiroz Jaén, coordinador del programa "Jóvenes en Busca de Oportunidades", que lleva a cabo el Ministerio de la Juventud, la la Niñez, la Mujer y la Familia, la iniciativa ofrece orientación, capacitación y seguimiento social a jóvenes en riesgo y alto riesgo social que han encontrado dificultades para su reinserción social y su inserción educativa y laboral; participan jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema, muchos de los cuales han sido menores infractores, expresidiarios, miembros de pandillas o desertores escolares.
Un balance del programa indica que de enero del 2000 a abril de 2003 se han beneficiado más de 2,500 jóvenes. Se detectan problemas de diversa índole, desde familiares, desempleo, depresión, dependencia química, abuso sexual, hasta abuso físico.
Se han concedido 108 becas de estudio; entregado 400 bonos educativos a familias de escasos recursos. Otro logro es la disminución de la confrontación entre pandillas rivales, gracias al acercamiento directo o indirecto con casi un centenar de pandillas.
La principal dificultad por parte del Ministerio de la Juventud es la falta de un presupuesto lo suficientemente amplio como para atender a más jóvenes en dificultades.
El problema radica en que los jóvenes que salen de las cárceles y que no encuentran trabajo son víctimas potenciales para ingresar a las bandas juveniles. Con muestras de gran satisfacción, Quiroz indicó que la gran mayoría de los beneficiarios del programa han sido reinsertados de forma temporal o definitiva en el mercado laboral, han dado muestras de que cuando se les da oportunidad las saben aprovechar. El único requisito para ingresar al programa es manifestar el deseo de querer cambiar. A través del Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP) se les brinda capacitación laboral y mediante el Ministerio de Educación logran ingresar a escuelas nocturnas. Una serie de empresas privadas también participan a través de la contratación laboral.
De acuerdo a Kelvin Hurtado, subdirector de Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Educación, la violencia es una realidad en los colegios.
Los integrantes de las bandas juveniles asisten a las escuelas de forma individual y al encontrarse en los centros con otros miembros de la banda rival surgen los problemas.
"Hasta la fecha no hemos detectado bandas juveniles organizadas en los colegios", destacó Hurtado. Al respecto, Hurtado expresa: ¿Es justo pensar que la problemática de las bandas juveniles no iba a llegar a los colegios, cuando la propia sociedad vive una profunda crisis de violencia?
Las escuelas no pueden ser santuarios con grandes murallas a las que no llega la violencia. Lamentablemente ha llegado muy duramente a salpicar a nuestra juventud estudiantil. La opinión del directivo ministerial es que la violencia debe ser enfrentada como un gran problema social. No puede solucionarse aisladamente, porque cuando los jóvenes salen de la escuela se enfrentan en las calles y a la violencia en general. La vida estudiantil es de escasas 5 ó 6 horas.
A pesar de que su presupuesto es muy bajo, trabajan con el respaldo de la empresa privada y la sociedad civil, indicó Hurtado. Realizan concursos de oratoria y desarrollan programas deportivos. Además tienen el respaldo de las iglesias para fortalecer la vida espiritual de los jóvenes.
Comenta que se ha firmado un convenio con los Boy Scout de forma tal que cada escuela primaria sea un campamento Scout.
Tanto los ministerios de Educación como de la Juventud, por sí solos, no pueden enfrentar el problema de la delincuencia juvenil si no tienen el respaldo de los medios de comunicación y de los padres de familia.
Con relación al problema del Colegio Artes y Oficios, Hurtado indicó que en la última protesta se observó un comportamiento delincuencial. Se asaltaron kioskos y se destruyó la propiedad privada, y a pesar de todo, la Defensoría del Pueblo salió a defender a los estudiantes y a justificar lo injustificable, aseguró.
Frente a una sociedad que invierte valores: ¿Qué podemos esperar de los estudiantes? No nos llamenos a engaño y no perdamos la vista del bosque por ver el árbol, sentenció.
"Le estamos enviando un mensaje distorsionado a los estudiantes y a la sociedad en general: al policía que está cumpliendo con su deber de defender la propiedad privada se le critica y al estudiante se le justifica y se le victimiza al considerarse que está siendo objeto de la excesiva fuerza policial. No seamos tan hipócritas", advirtió Hurtado.
El Ministerio de Educación tiene Gabinetes Psicopedagógicos para orientar a los estudiantes; sin embargo, los colegios claman por mejores condiciones de mobiliario y equipo y cuando se les entrega son vandalizados por los delincuentes de los propios barrios.
Con relación a las sanciones para los estudiantes, Hurtado expresó que en la Ley 40 se tipifican siete delitos que merecen penas. Estos son: secuestros, violaciones, y otros más, pero debido a que no se contemplan sanciones a los menores de edad por destruir, por ejemplo, vidrios u otros objetos, se les trata con mucha benevolencia y no se omprueba la falta cometida sino que el juez se limita a amonestarlos. Las actuaciones de los tribunales son lentas.
Una visión sociológica del problema de las bandas juveniles fue brindada por Aida Selles de Palacios, directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá. Según la especialista, la banda tiene una estructura organizativa más formal con fines delictivos; tiene un tiempo de permanencia más larga; ha logrado plena identificación entre sus miembros; sus roles están distribuidos con gran especificidad; tiene un líder que marca la autoridad y decide las actuaciones, inclusive en casos en que desaparezca el líder, tienen seleccionado quién lo remplazará; poseen códigos de comunicación muy cerrados que pueden ir desde un tatuaje hasta mecanismos de ingreso a la banda; poseen disciplina de su dinámica criminal; son jóvenes entre los 12 hasta los 25 años; a sus miembros, muy difícilmente se les permite desertar; sus integrantes poseen un tipo de conducta en la cual se perfeccionan, lo mismo que sus métodos.
Las pandillas no son organizadas con fines ilícitos; surgen por fines distintos a la delincuencia; realizan ocasionalmente conductas delictivas; se les llama en el interior de la república- bichera: se trata de conductas menores tipificadas como asociales: molestar a un vecino, tirar piedras. Su duración en el tiempo es menor.
En la actualidad el Instituto de Criminología está preparando un estudio sobre el comportamiento de las bandas juveniles que será realizado por especialistas y a la vez contará con la plena participación de sus miembros.
Según Selles de Palacios las bandas surgen tras razones de tipo familliar, por hogares incompletos, personalidades con autoestima baja, falta de afecto en la infancia y adolescencia y ausencia de control familiar.
Según la experta, una de las mejores soluciones para el problema de las bandas juveniles es desarrollar de forma conjunta una política de prevención y en la que participen el gobierno, empresa privada y sociedad civil; para evitar que los jóvenes se sumen a la actual ola delictiva.
Hay que hacer énfasis en la escuela y en la labor de los medios de comunicación y sobre todo fortalecer la estructura familiar.
