La Contraloría General de la República en uso de sus facultades constitucionales y aquellas otorgadas en virtud de la Ley 32 de 1984, y basándose en una denuncia ciudadana recibida de forma anónima en el despacho del señor Contralor General, procedió a realizar una Auditoría Especial relativa a la emisión de los Certificados de Abono Tributario a las empresas dedicadas a la elaboración y exportación de cigarros puros, determinándose lo siguiente:
La cantidad de hojas de tabaco producidas a nivel nacional no coincide con la cantidad de habanos cuya producción fue declarada por las empresas G & R INTERNATIONAL, S.A., PANA AMERICAN CIGAR CO. S.A. y PANA HABANOS CIGAR Company, S.A., dentro de las cifras de producción declaradas para los años 1998-2000. El costo de materia prima declarada por las empresas como la utilizada para la producción de los diferentes tipos de puros (cigarros), exportados no es cónsona con la realidad, una vez realizado el ejercicio de confrontar las cifras declaradas por las empresas con el precio declarado por los productores de hojas de tabaco basado en los registros nacionales que mantiene la Contraloría General de la República. Que la Contraloría General de la República mantiene en sus registros de producción nacional de tabaco a nivel nacional una cifra total de hectáreas sembradas de hoja de tabaco de 40 hectáreas, de las cuales se explotaron 26. Que el 97% del cultivo de hoja de tabaco se encuentra en la región de Sortová, provincia de Chiriquí. Que como resultado de las declaraciones incorrectas sometidas por las empresas G & R INTERNATIONAL, S.A., PANA AMERICAN CIGAR CO. S.A. y PANA HABANOS CIGAR COMPANY, S.A., ante la Comisión Técnica de Incentivo a las Exportaciones, les fue reconocido un Valor Agregado Nacional superior al que realmente correspondía a estos productos. Que la información incorrecta supuso entonces la emisión de Certificados de Abono Tributario por sumas mayores a las que realmente correspondían a estos productores provocando una lesión patrimonial al Estado panameño. Tomando en cuenta los resultados inequívocos del informe de auditoría, el Contralor General de la República ha decidido poner a órdenes de la Procuraduría General de la República y de la Dirección General de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, el informe de Auditoría Financiera para que se investigue los hallazgos y se tomen las medidas pertinentes. El Contralor ha determinado igualmente enviar a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Comercio e Industrias de manera oficial el contenido del informe.
