El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió ayer al Consejo Municipal de Barú y al alcalde del distrito Franklin Valdés Pittí, que no pueden negociar un empréstito por B/.232 millones, porque es potestad exclusiva del Estado manejar los créditos públicos.
Sentenció que estas acciones podrían ocasionar desprestigio al país en el mercado crediticio, por lo que podría obligar al MEF a desautorizar lo actuado.
"Hacemos un llamado a las autoridades del distrito de Barú, la cual es aplicable a todos los municipios del país, para que redoblen sus esfuerzos y eviten caer en transacciones ilegales como la mencionada en esta nota", apuntó el viceministro de Finanzas, Publio Cortés.
Los señalamientos de Cortés se dan a raíz de la publicación en la Gaceta Oficial No. 24 836 de 3 de julio de 2003, del Acuerdo No.36 de 25 julio de 2003, en el cual se autoriza al alcalde de Barú a realizar empréstitos con la empresa constructora del Istmo Modular de Panamá S.A., quien supuestamente actúa en representación de la compañía Gulfstream Finance Corporation, por B/.232 millones.
Puntualizó que el Consejo Municipal ni el señor alcalde debieron incurrir en el error de firmar documentos que podrían ser interpretados como adquisición de compromisos crediticios por parte del Estado.
"El Ministerio de Economía y Finanzas considera que, tanto la emisión del Acuerdo Municipal como la firma del contrato, fueron actuaciones ilegales que nunca debieron realizarse", sostiene.
Destacó que la ley es muy clara y establece que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas la capacidad legal para comprometer el crédito del Estado, previamente autorizado por el Consejo de Gabinete.
