Una demanda ante el Ministerio Público contra el ministro de Economía y Finanzas, Víctor Juliao, por desacato presentarán los concesionarios de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Mientras que una fuente judicial informó anoche que la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia (bajo la ponencia del magistrado Oscar Ceville) denegó el amparo presentado contra Juliao por la empresa See Buy and Sail Company, que buscaba suspender la orden de no pagar que emitió el ministro de Economía y Finanzas.
La demanda que anuncian los concesionarios contra Juliao por desacato tiene como objetivo que el gobierno autorice a la empresa Panamá Ports Company a efectuar el pago a los concesionarios de los puertos.
De acuerdo al vocero de los concesionarios, Jala Hadam, ayer a las 5 de la tarde quedó ejecutoriado el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia que establecía que la Panama Ports Company, subsidiaria de la Hutchison tenía que pagar la mencionada indemnización.
Hadam se reunió ayer con el secretario general de la Procuraduría de la Nación, José María Castillo, para tratar aspectos concernientes a la orden de conducción girada contra los concesionarios.
Hadam consideró la reunión positiva porque el secretario de la Procuraduría les comunicó que en el país se debe respetar la seguridad jurídica y recomendó utilizar los pasos legales para que se cumpla con el pago de la indemnización.
Detalló que hoy los camiones secuestrados por la Policía Nacional serán entregados a sus propietarios, porque la medida fue ilegal.
"Suspenderemos las protestas y esperaremos que las autoridades judiciales ordenen el pago inmediato del dinero adeudado", acotó Hadam.
Explicó que el Estado tiene que pagar cerca de B/.7 millones a los concesionarios y una vez que se efectúe el desembolso se interpondrá una demanda por daños y perjuicios contra Juliao.
El empresario manifestó estar dispuesto, de ser necesario, a aceptar un arbitraje de la Cámara de Comercio o de cualquier organismo internacional.
En tanto, se conoció que el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, quien preside la comisión encargada de analizar el problema de los puertos, salió del país.
La Comisión Anticorrupción creada por el gobierno investiga los montos de indemnización que acordaron los miembros de la comisión evaluadora nombrada por el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
