La novedad a la que se refiere consiste en que quien obtenga una concesión para la construcción de una empresa de generación termo o hidroeléctrica, y no inicie en dos años la obra, la perderá, eso sin importar que le haya sido aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por la ANAM.
La funcionaria explicó que ANAM recibe los EIA y los aprueba, "siempre y cuando cumplan, no sólo con los estándares ambientales, sino también con los sociales".
El ministro de Economía y Finanzas, Ricaurte Vásquez, sostuvo que por todas las distorsiones que existen en el mercado, el Estado ha decidido invertir en energía, sin embargo aún no ha definido cuántos millones invertirá para generar energía eléctrica.
Para ello, el Consejo de Gabinete debe aprobar una resolución en la cual adopte un pacto social. Al mismo tiempo se estima solicitar la tramitación de una licitación para contratar al operador, esperando que se permita negociar directamente con la Autoridad del Canal.
No es que la Autoridad del Canal va a tener una empresa de generación, la ley no se lo permite, pero la ley indica que el Estado puede participar en las mismas reglas de mercado, pero a través de una sociedad anónima.
Lo cierto, es que está preparándose para participar en la próxima licitación fijada para el mes de julio, donde habrán otros competidores del mercado, ofertando.
Están analizando prioridades y sitios para poder colocar las plantas que requiere el país.
El Estado espera ganar la licitación para poder definir con qué capital inicia la construcción y de dónde va a salir el fondo.
Vásquez sostuvo que en estos momentos el Ente Regulador de los Servicios Públicos está analizando con sus técnicos la tasa promedio del aumento del 9% anunciado por el Presidente de la República, para fijar el alza de acuerdo a la tarifa de los clientes, tomando en cuenta su consumo.
Así mismo, el ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Guillermo Villarreal, manifestó que el país requiere de una inversión de 100 millones de dólares por los próximos 10 años para asegurar el abastecimiento de energía y precios cónsonos con la realidad.
Una especie de código del silencio se ha convertido en el común denominador de las empresas vinculadas al sistema eléctrico y del Ente Regulador de los Servicios Públicos, luego que el presidente de la República, Martín Torrijos, anunciara una investigación por posible manipulación en el mercado eléctrico.
De la empresa Unión Fenosa, que aglutina a las compañías Edemet y Edechi, se informó que por el momento no harán comentarios.
De la misma manera informaron de la empresa Elektra Noreste: "no haremos comentarios sobre este aspecto".
Un comunicado de esta compañía precisa que la participación de la Comisión Nacional de Ahorro Energético, ha sido un paso importante para mejorar las condiciones del mercado eléctrico existente.
Mientras que en el Ente Regulador de los Servicios Públicos, se señaló que los comisionados de esa entidad se encontraban en reunión analizando el documento presentado por el Ejecutivo, por lo que no habría comentarios sobre lo señalado por Torrijos.
Para el ex director del desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), José Isabel Blandón, existen "suficientes elementos" para que las investigaciones que anunció el Presidente de la República, prosperen y se establezcan sanciones penales.
Según Blandón, otra clara irregularidad es la "sospechosa" actividad en que algunas empresas generadoras se ponen de acuerdo para generar precios, y el Ente Regulador no hace nada, supuestamente, porque se trata de un mercado libre.
