L a Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la OEA, con sede en Costa Rica, condenó al Estado panameño por la desaparición forzada del dirigente izquierdista, Heliodoro Portugal, hecho ocurrido en 1970, durante la dictadura militar que vivió este país.
En un fallo histórico, el máximo tribunal obliga a Panamá a pagar una reparación económica de B/ 226 mil a los familiares de la víctima.
Los representantes de la Corte indicaron que el Estado debe indemnizar a las víctimas por el daño emergente, patrimonial familiar, y lucro cesante sufridos por Patria Portugal, hija del dirigente, como a su madre Graciela De León de Rodríguez y su hijo, Franklin Portugal.
El fallo establece que el Estado panameño violó el derecho a la integridad personal, a la protección y garantías judiciales de Portugal, quien fue detenido y luego desaparecido en las inmediaciones de Santa Ana.
Los restos de Portugal aparecieron bajo signos de tortura en una fosa clandestina en 1999 en el antiguo cuartel militar, Los Pumas, de Tocumen, al realizarse excavaciones para buscar al padre Héctor Gallego.
Obligaciones.
Panamá está obligado a publicar en un diario oficial y otro de amplia circulación nacional la sentencia. Debe realizar un acto público de reconocimiento internacional de la responsabilidad por la violación a los derechos humanos de Portugal. Este acto debe realizarse en un plazo de seis meses.
La sentencia fue notificada en la Corte IDH, que está presidida por el juez Diego García Sayán, a los abogados, Jorge Federico Lee y Edgardo Sandoval, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
En el fallo se menciona que el Estado no garantizó un verdadero acceso a la justicia a los familiares, dentro de un plazo razonable, para el esclarecimiento de los hechos, la investigación y la sanción de todos los responsables.
La abogada Marcela Martino, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quien representó a la familia Portugal, estima que este fallo es un llamado de atención al Estado, ya que las víctimas de la dictadura militar no han sido reivindicadas.
Explicó que este fallo llama la atención al Estado para que la Fiscalía Itinerante, que investiga los casos de la dictadura, sea dotada de recursos.
En tanto, la Cancillería comunicó que analizará el contenido de la sentencia "a fin de determinar las medidas que deban adoptarse en relación con ella, y la conveniencia de solicitar una interpretación de este fallo".
Según la Cancillería, en su sentencia la CIDH admitió la excepción invocada por Panamá "y declaró que, por razón del tiempo, carece de competencia para pronunciarse sobre la presunta ejecución extrajudicial de Portugal".
