El Segundo Tribunal de Justicia confirmó la condena de siete años de prisión impuesta a tres funcionarios del Ministerio de Vivienda (MIVI) por el delito de peculado en el manejo del Programa de Apoyo Rápido para Viviendas de Interés Social (PARVIS).
De acuerdo con la decisión del tribunal, se mantiene la pena de siete años de prisión contra Cecilia Monteza, Belisario Ortega Been y de un año de arresto a Jaime Sánchez.
En tanto que se mantuvo el sobreseimiento a favor de Pacífico Alberto Castillero, Cirilo Fuentes y Rhona Emely Read de Herrera.
Al conocer la decisión del tribunal, Cecilia Monteza aseguró que algunos materiales del PARVIS eran entregados en la oficina del ex vicepresidente Tomás Altamirano Duque, ubicada en el distrito de Chepo, y en otras ocasiones sus escoltas retiraban los materiales en el mismo almacén del MIVI.
Monteza explicó que también algunos cargamentos de sacos de cemento eran desviados hacia Arraiján, que no eran declarados por el arquitecto Rogelio Paredes, quien se desempeñó como viceministro. La ex funcionaria calificó el proceso en su contra como una persecución política.
También aseguró que todas estas actividades eran conocidas por los altos directivos del MIVI y que sólo se ha responsabilizado a los funcionarios de menor jerarquía. Aseguró que la responsabilidad debe ser para todos los que incurrieron en estas faltas.
Las sumarias se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por el ex ministro del MIVI, Roosevelt Thayer, quien descubrió las irregularidades dentro del almacén central de la institución y solicitó al Ministerio Público la apertura de una investigación.
También el tribunal negó un incidente de nulidad presentado por la abogada Clementina Rodríguez, representante legal de Pacífico Castillero. Las sumarias contra los condenados se originaron a raíz del supuesto uso político dado a los materiales del PARVIS.
