La oficina para las Américas de Union Network International (UNI), organismo sindical integrado por 15.5 millones de trabajadores de todo el mundo, expresó su más enérgica condena ante los ataques de los que ha sido víctima la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP).
UNI rechaza esta conducta anti-gremial del gobierno panameño porque va en contra de lo establecido en el convenio No.151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1978.
Este convenio establece la protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para la determinación de las condiciones de empleo en la administración pública y hasta la fecha Panamá se ha negado a ratificarlo.
El organismo destacó que la FENASEP está siendo atacada por defender a los servidores públicos de Panamá que están afrontando una ola de destituciones ordenadas por el gobierno nacional que preside Mireya Moscoso.
Dijo que la FENASEP ha estado denunciando el despido de varios miles de empleados estatales, situación que se inició a partir de la asunción al poder del nuevo gobierno en el mes de septiembre de 1999 y que aún persiste.
Agrega que esta acción gubernamental no ha contado en la mayoría de los casos con fundamento jurídico alguno que la justifique, por el contrario, se han desconocido un conjunto de normas, procedimientos e instrumentos legales que garanticen los derechos de los servidores públicos.
Según el comunicado se están acentuando las presiones para impedir la plena organización de los empleados estatales, sumado al conjunto de amenazas vertidas por varios funcionarios gubernamentales quienes han señalado que tomarán acciones contra el secretario general del gremio de servidores públicos, Leandro Avila.
La UNI abogó por el establecimiento de un auténtico proceso de diálogo entre el gobierno y los directivos de la Federación Nacional de Servidores Públicos tendientes a superar la actual situación.
Expresó que el diálogo debe darse sobre las bases del respeto a la condición de dirigente gremiales que reviste a éstos últimos y al derecho que les asiste de luchar por la dignidad de todos los trabajadores al servicio del estado.
Insta al gobierno a ratificar el convenio No. 151 de la OIT como única forma moderna de establecer orden jurídico laboral que no discrimine a los servidores públicos, del resto de los trabajadores del país.
