La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó parcialmente al Estado panameño por la intervención y divulgación de una llamada telefónica al abogado Santander Tristán, hecho ocurrido en 1996.
La sentencia señala que se violaron los derechos a la libertad de expresión, honor y vida privada del jurista, a quien se le debe indemnizar con B/ 30 mil.
