La Corte Suprema de Justicia confirmó un sobreseimiento dado a los colombianos Luis Carlos Lizcano y Mario Arango Herrera, además de la devolución de B/.330,000 y un vehículo incautado por la Fiscalía de Drogas, decisión a la que se opuso el jefe de esta dependencia, Rosendo Miranda.
El fallo contiene el salvamento de voto del magistrado Adán Arnulfo Arjona, quien estimó que la devolución de los bienes decretados a los imputados es una medida que a primera vista parece infringir de modo manifiesto el artículo 29 de la Ley 23 de 1986, que establece normas sobre los delitos relacionados con drogas.
Arjona consideró que el fiscal Miranda sí se encuentra legitimado para promover un Amparo de Garantías contra la orden de devolución de los bienes aprehendidos, puesto que la causa seguida a Lizcano y Arango no ha sido decidida en forma definitiva, debido a que sólo se ha decretado un sobreseimiento provisional.
Los magistrados estimaron que el Amparo de Garantías presentado por el fiscal de Drogas contra el fallo de segunda instancia dado por el Primer Tribunal Superior de Justicia no es procedente, bajo el argumento que en este caso la Fiscalía es una posición contraria a los imputados y no es la parte afectada con la decisión.
El fiscal presentó el Amparo de Garantías constitucionales para evitar la devolución de los bienes incautados durante las investigaciones realizadas, cuya legalidad es ciertamente precaria y no se ha establecido fueran adquiridos lícitamente.
Durante el proceso, el Juzgado Primero de Circuito dio un sobreseimiento provisional a favor de los investigados, debido a que a su juicio no se había acreditar el hecho punible dentro de las pesquisas.
