El fiscal quinto, encargado de delitos ambientales, Giovanni Olmos, confirmó que funcionarios de la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), otorgaron a la empresa Corporación Oriental de Inversiones, un permiso provisional para extraer arena de una zona protegida del Archipiélago de las Perlas, sin primero haberse aprobado el estudio de impacto ambiental.
Olmos aseguró que durante las investigaciones se ha determinado que la aprobación del estudio de impacto ambiental, se hizo luego que los funcionarios del MICI dieran el permiso provisional para que la empresa Corporación Oriental de Inversiones, procediera a la extracción, "cuando está establecido por ley que todo proyecto de este tipo debe tener su estudio de impacto ambiental".
El fiscal Olmos precisó que en este sentido el Ministerio Público está por determinar el tipo de delito en que se ha incurrido en este caso, el cual según dijo, podría ser un delito contra la administración pública.
La resolución que otorgó el permiso provisional a la empresa Corporación Oriental de Inversiones fue firmada por la jefa de la Dirección de Recursos Minerales, Francia de Sierra; y el ministro de Comercio, Joaquín Jácome.
Según Olmos se están llamando a declarar a los funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias involucrados en el proceso de autorización de concesiones areneras, muchos de los cuales han explicado cómo fue el proceso de la evaluación del permiso, y la posterior aprobación del estudio de impacto ambiental.
Enfatizó que lo que se está haciendo ahora es confirmar si efectivamente hubo extracción de arena, ya que según dijo, existe información extraoficial de que la extracción no se produjo, " y si no hubo extracción de arena no podemos prever algún delito ambiental, habría que analizar la posibilidad de establecer otro tipo de delito".
Manifestó que las penas en este caso de comprobarse que existe delito contra la administración pública, podría superar el año.
Una fuente vinculada al caso por su parte aseguró que varios funcionarios de la Dirección de Recursos Minerales del MICI, que se opusieron a que se diera la autorización provisional, están siendo enviados de vacaciones, para que éstos no comparezcan al momento en que tengan que declarar en la fiscalía.
La investigación surgió luego que el apoderado legal de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Juan Ramón Sevillano, denunciara que la Dirección de Recursos Minerales del MICI, a cargo de Francia de Sierra, había otorgado un permiso provisional para extracción de arena submarina en una zona protegida del Archipiélago de Las Perlas.
Sevillano precisó que en sus investigaciones, detectaron que no se habían cumplido los trámites correspondientes y que incluso, "se extrajo arena del lugar sin haberse hecho contrato con el Estado".
Aseguró que será fácil que el fiscal Olmos confirme que se extrajo la arena del lugar, ya que según dijo, hay fuentes creíbles que le han precisado que el material extraído fue utilizado para los rellenos de ICA en Punta Pacífica y el relleno del Puerto de Balboa de la empresa Panamá Ports.
Precisó que los documentos necesarios para comprobar que sí hubo extracción deben reposar en las dos empresas señaladas, los edictos de la Gobernación de Panamá, los permisos de la Autoridad Marítima y contactando a los propietarios de las embarcaciones que hicieron el traslado de la arena a donde las depositaron, ya que según dijo, son pocas las que se dedican a esta actividad.
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