La solicitud del cese de otros mil contratos eventuales de obreros de la empresa Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO), fue confirmada por el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Joaquín José Vallarino III, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
Aunque no especificó, el titular señaló que el gobierno facilitará a la empresa lo que necesite para evitar nuevos despidos o el cierre de las fincas. Dijo que antes de tomar una decisión sobre la admisión de los despidos en la PAFCO debe efectuarse una minuciosa evaluación, sin embargo, es consciente de que el problema económico que atraviesa la empresa es real. Las declaraciones del ministro se dieron en horas de la mañana de ayer, durante la firma de un acuerdo entre la empresa Bocas Fruit Company y el sindicato bananero del sector Atlántico de la provincia de Bocas del Toro.
Vallarino consideró como un ejemplo la acción, destacando que así como han hecho los dirigentes sindicales de la provincia y los directivos de la Bocas Fruit Company, podrían haber hecho los sindicalistas y empresarios chiricanos. El funcionario gubernamental también se reunió con bananeros independientes, en donde se planteó la posibilidad de que los trabajadores adquieran en un principio el 10% de las fincas, que suman más de 1,130 hectáreas.
Por su parte, José Morris Quintero, secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company y Empresas Afines (SITRACHILCO), señaló que despedir a los obreros de esa manera fue una violación por parte de la empresa y por ello solicitarán el reintegro de todos los trabajadores ante el juzgado de Trabajo. Dijo que mientras se esté negociando a través de la vía directa como lo dispuso el sindicato en el acta de suspensión de la reciente huelga obrera, los trabajadores gozan de un fuero que los protege ante una medida como esa.
A su juicio, el despido de 400 obreros sólo demuestra "falta de corazón y conciencia de la compañía". Según los sindicalistas, en el artículo 412 del Código de Trabajo se especifica que mientras se dialogue por la vía directa y se suspendan las negociaciones sin un acta que así lo notifique, como sucedió en este caso, la antigua Convención Colectiva es la que seguirá rigiendo.
José González, quien laboró un año y 11 meses con la empresa en la finca Níspero, llegó justo al momento de la conversación con Morris. Evidentemente desconsolado por la noticia, dijo que el empleo está duro y "realmente lo necesitan". González mostró a Morris todos los documentos y de la carta de despido, que según dijo, recibió a las 7:30 de la mañana del lunes, sin ninguna explicación, por lo que aclaró que esperan que la empresa les explique las causas.
Por su parte, el representante del distrito Freddy Hernández, manifestó que eso podría perjudicar a la sociedad, ya que se incrementaría la delincuencia y los robos en la región y que de hecho, durante los últimos meses ha sido así. En tanto, Jacob Cedeño, presidente de la Cámara de Comercio, dijo que con ello se dejará de percibir alrededor de B/. 20 mil mensuales en Barú, ya que la empresa se constituye en la fuente de empleo más importante para el distrito.
