Las quejas por el transporte
- 3 mil es la cantidad de operadores que tiene la empresa Mi Bus para mil 200 unidades.
- 800 es el salario que reclaman los operadores y pago de horas extras y días nacionales.
- 10 de enero es la fecha de inicio de las conversaciones entre las partes en la sede del Mitradel.
Ocho días después del acuerdo entre los directivos de la empresa Mi Bus y los operadores del metrobús, que reclamaban una serie de conquistas laborales, ayer se dio un segundo enfrentamiento entre las partes por una supuesta violación al acuerdo que puso fin a la paralización del servicio.
“Han roto el acuerdo (la empresa) y nos están llamando al enfrentamiento público, en el que el más afectado será el usuario”, declaraba el dirigente Inocencio Guerra al enterarse de que la empresa había notificado a las autoridades que el paro de labores que realizaron los conductores el pasado 26 de diciembre tenía vicios de ilegalidad.
“Eso no fue lo pactado y ese recurso se convierte en una amenaza por parte de la empresa para los trabajadores y la suspensión indefinida del servicio”, testificaba Guerra mientras se excusaba con los 700 mil usuarios que a diario dependen del metrobús.
“Esta actitud demuestra una anarquía inaceptable por parte de los transportistas porque pone a los usuarios en manos de los conductores del metrobús”, se quejó David Ramírez, del Movimiento 23 de Octubre.
El dirigente afirmó que son los usuarios quienes llevan la peor parte cuando surgen conflictos laborales. “Pareciera que en nada han cambiado las cosas cuando los usuarios sufrían las consecuencias de las medidas de fuerza que adoptaban los transportistas de la Canatra”, remarcó Ramírez.
En tanto, el gerente de la empresa Mi Bus, Miguel Fernando Cardona, dejó clara su posición sobre lo expuesto por los operadores. “Confirmamos que como empresa responsable se notificó a las autoridades correspondientes que el paro fue ilegal al no seguir los vehículos adecuados que establecen las leyes laborales de la República de Panamá”, afirmó Cardona.
Sin embargo, aclaró que “la empresa respeta y respetará el acuerdo firmado con un grupo de trabajadores. No realizaremos despidos justificados a ninguno de nuestros trabajadores por las acciones ilegales que se dieron el mencionado día”.
Mario Molino, secretario general del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), se refirió al problema como una falla que no se contempló dentro del acuerdo. “En el documento no se descartó la petición de ilegalidad de la medida”, expresó Molino.
En el documento de acuerdo, la empresa solo se comprometió a no tomar represalias contra los operadores que participaron del paro, instalar una mesa de conversaciones para desahogar las quejas planteadas por los conductores y revisar los despidos que se dieron en el periodo del 1 al 21 de diciembre.
Durante las conversaciones anteriores al entendimiento de aquel 26 de diciembre, los operadores fueron notificados, por parte de los abogados de la empresa, de que la medida de fuerza fue “de hecho”. Es decir, no cumplió con los procedimientos legales que se acostumbran para este tipo de protesta.
De la notificación dio testimonio el viceministro de Trabajo, Darío Falcón, quien participó como mediador. En tanto, Nicolás Brea, secretario general de la Autoridad del Tránsito, dijo que la entidad solo actúa como espectador porque se trata de un conflicto meramente laboral.
