Las confusiones en torno al tema son cada vez mayores. Solís explicó que algunas personas tienden a confundir que las explicaciones que brindan funcionarios públicos y de la propia entidad canalera, ya sea en foros o reuniones son para promover el "SÍ".
"Habría que definir muy bien este tema porque podría prestarse para confusiones", puntualizó.
Sin embargo, el docente universitario Miguel Antonio Bernal fue más allá. Preguntó al fiscal electoral, cuál es el procedimiento a seguir para que un grupo de ciudadanos pueda disponer de las mismas facilidades que obtuvo la ACP para divulgar la millonaria propuesta. Aún no se ha emitido una respuesta que aclare esa inquietud.
Según Bernal, un Estado de Derecho debe respetar y velar por la institucionalidad democrática y este a su vez, debe basarse en la igualdad ante la ley y de oportunidades.
A raíz de estas confusiones, el TE está a la espera que el proyecto de ampliación sea aprobado por la Asamblea Nacional para reglamentarlo. Pero esto no significa, según el TE, que los funcionarios pueden promover o no esta iniciativa porque sería un delito electoral.
