Washington- La oposición a la política panameña del presidente Bill Clinton en el Congreso subió el tono de su crítica ayer, agregando la existencia de submarinos nucleares al catálogo de amenazas que atribuyen al gobierno de Beijing como parte de un supuesto plan para controlar el Canal de Panamá.
Fue el propio congresista Spencer Bachus, presidente del Subcomité para Política Monetaria del Comité de Finanzas y Comercio de la Cámara, que trajo a relucir un anuncio del gobierno chino de que la marina de ese país cuenta con un submarino capaz de llevar misiles nucleares que podrían alcanzar "cualquier ciudad de Estados Unidos".
Referencias a la "amenaza roja", dominó la primera de dos audiencias convocadas por el Republicano de Alabama para determinar si la entrega del Canal a la soberanía panameña tendría como consecuencia: 1) un incremento en el lavado de dinero y el flujo de drogas hacia Estados Unidos; 2) se sentirá el impacto de la corrupción en el trato hacia las compañías estadounidenses en Panamá y 3) quedarán comprometidos los intereses vitales de Estados Unidos en materia de comercio y seguridad.
Quien llevó la voz cantante sobre el "peligro chino" fue nuevamente el congresista Dana Rohrabacher de California, quien hace meses viene atacando al gobierno de Clinton porque éste considera a China como un "aliado estratégico", en vez de "un potencial enemigo".
Un claro objetivo de las audiencias es lograr apoyo para una resolución promovida por Rohrabacher urgiendo al gobierno panameño que anule las concesiones otorgadas a la compañía Hutchison Whampoa para operar dos puertos que colindan con el Canal.
El congresista republicano de California, quien recientemente visitó Panamá, presentó una larga e intensiva diatriba contra Clinton, China y el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, al que acusó de corrupción y anti-yanquismo.
Otros tres testigos añadieron sus voces a la denuncia de una "infiltración china" durante las tres horas de la audiencia: el periodista panameño Tomás A. Cabal, un ex agente de la DEA, Robert Mazur, y el vicepresidente de la Compañía Cooper T. Smith, quien perdió la licitación de los puertos a Huchison, Patrick Hall.
Al introducir a los testigos, Bachus, un hombre serio, alto y delgado que contradice el legendario y rotundo dios romano del vino que evoca su nombre, ridiculizó las recientes declaraciones de Clinton cuando éste dijo que se sentía satisfecho que "los chinos harán todo lo posible para operar en el Canal de una manera competente y justa".
Tanto él como Rohrabacher se aferraron de esta aseveración para justificar sus sospechas de que pueden existir "consultas secretas" entre el propio presidente y las autoridades de Beijing sobre las futuras operaciones del Canal.
El congresista de California, que no perdió una sola ocasión para añadir la "dimensión china" a la audiencia de ayer, inició su presentación en tonos graves con las siguientes frases:
"Hoy, al conmemorar el ataque sorpresa a Pearl Harbor, es de vital importancia que enfoquemos nuestra atención a la amenaza potencial que la presencia de la China comunista presenta en el lugar más geo-estratégico de nuestro hemisferio.
"También es alarmante de que el retiro de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, tal como lo disponen los Tratados Carter-Torrijos, ha embravecido una amplia gama de organizaciones criminales internacionales que operan en Panamá. Estos gangsters globales están inmiscuidos en una enorme operación de lavado de dinero, el contrabando de drogas y armamentos, el tráfico de inmigrantes ilegales y la manufactura y distribución de réplicas de productos de entretenimiento que gozan de patentes de propiedad intelectual de Estados Unidos".
Tal como lo ha hecho en otras audiencias del Senado y la Cámara, Rohrabacher volvió a reiterar que detrás de estas operaciones se encuentra el acaudalado financista chino, Li Ka-shing, presidente de la compañía de Hong Kong que ganó la licitación para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, quien dijo está siendo investigado por las agencias de seguridad canadienses por supuestas actividades de espionaje.
Tomás Cabal, a quien Bachus presentó como profesor de Economía de la Universidad de Panamá, se sumó a las denuncias de que la compañía china ganó la licitación "bajo circunstancias sospechosas".
"En su último informe, Transparencia Internacional coloca a China como uno de los países más corruptos del mundo y tacha a las corporaciones chinas de utilizar coimas para lograr sus objetivos", sentenció. "Estos alegatos son extremadamente serios ya que algunos expertos creen que Hutchison podrá afectar operaciones dentro del canal y que sus pilotos podrían impedir el flujo normal de naves por la vía acuática".
"Sea cual fuera el resultado final de la presencia de Hutchison Whampoa", añadió, "la verdad es que la República Popular de China está rápidamente llenando el vacío creado por la salida de las fuerzas militares del istmo".
Por su parte, Vazur señaló que durante la década en que fungió como agente encubierto, de los "80 a 1944, siguiendo las pistas de las organizaciones de traficantes desde Colombia a Panamá, logró pruebas para encausar juicios que llevaron a la reposición de 600 millones de dólares y la aportación de "pruebas concluyentes" al juicio contra Manuel Antonio Noriega.
Dijo que en ese período también tuvo contactos con los carteles colombianos, facciones de la mafia rusa e italiana y figuras del crimen organizado en los Estados Unidos y que "virtualmente todos estos individuos anticipaban con gran optimismo el día en que las fuerzas de Estados Unidos se retiraran de Panamá".
Mazur, así como Cabal, señalaron a un ciudadano panameño, Jorge Krupnik como "un asombroso ejemplo" de un comerciante que ha sabido integrar sus negocios normales con "lavado de dinero y otras actividades ilícitas".
"Como muchos individuos del mundo del hampa, usa a Panamá como un santuario para inyectar dineros ilegales a negocios legítimos en todo el mundo", manifestó Mazur en su testimonio.
Este y Cabal insistieron ante el comité que Estados Unidos podría solicitar al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso que inicie un juicio contra este tipo de empresario y que Estados Unidos podría presentar pruebas bajo los estatutos de un acuerdo mutuo de cooperación legal.
Como el Congreso está en receso hasta el próximo enero, Bacchus estuvo acompañado por apenas dos legisladores republicanos, Judy Biggert de Ilinois y Richard Baker de Louisiana. No se presentó ningún demócrata.
Tras las presentaciones formales, el diálogo entre los congresistas y los testigos se concentró en tres temas, el grado de la "generación china", la posibilidad de que el gobierno de Moscoso revoque los permisos de operación de Hutchison Whampoa y la actitud del pueblo panameño hacia la retirada de las fuerzas militares de Estados Unidos, en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter.
"Cree usted que los panameños todavía favorecerían un remanente de nuestra presencia militar en su país", indagó el presidente del sub comité a Cabal.
"No en la manera en que el gobierno de Clinton trató de negociar el CMA", replicó. "Todavía tendría el 78 u 80 por ciento de la población a favor, si hubieran ofrecido algún incentivo económico, pero Washington actuaba como esperando que Panamá le pagara por el privilegio de mantener una fuerza de seguridad en nuestro país".
Mientras el periodista y catedrático panameño hablaba, Rohrabacher asentaba con su cabeza.
En tono quejumbroso Hall detalló cómo después que altos funcionarios panameños le felicitaron porque su compañía había ganado la licitación para operar el puerto de Cristóbal, éstos anularon los resultados por lo que Hutchison Whampoa salió victoriosa en la segunda vuelta.
"¿Acaso alguien de nuestro gobierno se puso en contacto con ustedes para averiguar lo que pasó?" preguntó Bachus.
Cuando el empresario respondió con un rotundo "No, ninguno", el presidente del comité y Rohrabacher exclamaron como en unísono "increíble, increíble".
Sin embargo fue el ex embajador Hughes de Estados Unidos, quien protestó enérgicamente por las "irregularidades" de la licitación, tanto así que el gobierno anterior estaba por declararlo persona "non grata".
