El presidente del Congreso peruano, Javier Velásquez, promulgó hoy la derogatoria de dos polémicas leyes relativas a la venta de las tierras de la Amazonía, que motivaron a miles de indígenas a bloquear carreteras y tomar estaciones energéticas el mes pasado.
Velásquez firmó la norma que pone punto final a los decretos 1015 y 1073 después de que venciera el plazo otorgado al Gobierno para que hiciera valer la decisión tomada por el Congreso el pasado 22 de agosto que declaraba nulas dichas normas.
El Ejecutivo peruano, principal valedor de las normas derogadas, tenía hasta hoy para cumplir con la decisión del Congreso, aunque al final optó por no pronunciarse y dejar que el presidente del Legislativo, en ejercicio de su autoridad, la hiciera efectiva.
Los decretos 1015 y 1073 modificaban la forma de votación en las asambleas indígenas y permitían que, con solo una mayoría de la mitad más uno, los nativos pudieran decidir vender o arrendar sus tierras a compañías trasnacionales.
Con la derogación, las comunidades indígenas deberán contar con el voto del 66 por ciento de sus miembros para poder vender sus tierras.
El representante de las comunidades amazónicas, Alberto Pizango, dijo a la agencia oficial Andina que esta derogatoria representa un "gran avance", porque abre las puertas para "dialogar en forma consensuada sobre las necesidades de las comunidades nativas".
Unas 65 etnias amazónicas iniciaron una protesta nacional el 9 de agosto pasado contra más de una treintena de leyes, entre ellas las 1015 y la 1073, y bloquearon varias vías y tomaron estaciones petroleras, eléctricas y gasísticas.
Después de casi dos semanas de protestas, los representantes indígenas y el presidente del Congreso acordaron el fin de las manifestaciones a cambio de que el pleno debatiera la derogación, que finalmente se aprobó el 22 de agosto pasado.
La decisión del Congreso supuso una derrota para el Gobierno del presidente Alan García, que antes había alertado que sería un "gravísimo error histórico" derogar las polémicas leyes.
Las protestas en la Amazonía y en la zona selvática de Cuzco coincidieron con el interés del Gobierno en incrementar sus reservas de gas y petróleo, presentes sobre todo en la selva, para hacer frente a una eventual crisis energética y convertirse en el nuevo proveedor de Sudamérica.
