Con la creación de esta base de datos se podrá conocer el domicilio actualizado de los condenados por estos delitos y demás información que permita su identificación personal.
“Debemos tomar conciencia que nuestro futuro como país depende de la protección que le demos a nuestra juventud y esta protección hay que garantizarla con hechos concretos, dejando a un lado los postulados utópicos”, señaló la ministra de Gobierno, Roxana Méndez.
El objetivo de esta base de datos es que los padres de familia, responsables o custodios de los menores de edad o con discapacidad puedan identificar a las personas que en su entorno pueden poner en peligro la integridad de sus protegidos. “Confiamos que este esfuerzo –realizado en conjunto con las autoridades policiales, el Ministerio Público y las autoridades de seguridad del Órgano Ejecutivo- cuenten con el respaldo de la sociedad civil, padres de familia, escuelas, iglesias y en general todas las organizaciones protectoras de los derechos de las personas menores y de las personas con discapacidades especiales”, reiteró Méndez.
Esta iniciativa, constituye una herramienta de prevención, comprobada por expertos en la materia por ser este tipo de delito los que reportan un mayor índice de reincidencia. Con la creación de este registro se incluye también la creación de una base de datos genéticos como un instrumento fundamental para la identificación rápida y eficiente de los delincuentes, lo que minimizará el riesgo de que cometan crímenes.
Paralelo a este proyecto de ley, la administración de Martinelli, tiene previsto inaugurar próximamente un laboratorio de Biología Molecular y Genética Forense como resultado de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público.
“Confiamos que con esta tecnología de avanzada se podrá dar respuesta más rápida y eficaz en la lucha contra la criminalidad en nuestro país”, puntualizó Méndez.
Con la presentación de este proyecto de ley en Consejo de Gabinete, Panamá se suma a iniciativas aprobadas en países como Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Australia con el único propósito de cumplir con nuestro deber de proteger y dar una mejor calidad de vida a todas las personas que residen en nuestro país.
Le corresponderá a la ministra de Gobierno Roxana Méndez presentarlo ante la Asamblea Nacional de Diputados para los respectivos debates que lleven al proyecto convertirse en ley de la República.
