Con poca esperanza, ven dirigentes de la sociedad civil que la propuesta que reforma el mecanismo para escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tenga éxito, incluso consideran que lo que el país necesita es una Constituyente. Ello frente a la propuesta de los abogados Silvio y Ramiro Guerra de crear un Consejo de Magistratura.
La iniciativa presentada por los hermanos Guerra pide la creación del Consejo de Magistratura, el cual actuará de forma libre e independiente del Ejecutivo.
Sus proponentes indican que con la iniciativa se busca que este equipo, conformado por un representante del Colegio de Abogados, Consejo de Rectores, del Comité Ecuménico, de la Asamblea Nacional y del Órgano Judicial, seleccione una terna de todos los que aspiren a ser magistrados de la CSJ.
“El presidente o el Ejecutivo deberá escoger de esa terna al que él quiera”, expresó Ramiro Guerra. El abogado considera que con esto se eleva la calidad de la democracia.
Sobre dicha propuesta, Roberto Bruneau, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, señala que esta no es más que la ratificación de lo que ya estaba dentro del acuerdo del Pacto de Estado por la Justicia asumido en el 2005 y que nunca fue considerado por el pasado ni el actual gobierno.
“La iniciativa puede ser muy renovadora, pero el pueblo panameño no necesita más reformas ni más parches a la Constitución actual, lo que el pueblo necesita es una verdadera Constituyente”, agregó.
El catedrático Miguel Antonio Bernal coincide con Bruneau, al indicar que el país necesita una nueva Constitución y no injertos.
“Las propuestas pueden ser muy buenas, pero seguirán siendo parches a una constitución militarista, que necesita ser remplazada por una donde impere la participación ciudadana”, manifestó Bernal.
El abogado es de la opinión que los ciudadanos no deben limitarse a la decisión que tomen unos cuantos notables, que al final no van a ser más que “unos sastres que confeccionarán un traje a la medida de Martinelli y su corte”.
Indicó Bernal que este tipo de propuesta no va a ser funcional, mientras no exista una verdadera voluntad constitucional de parte de las autoridades para cambiar la Constitución. “La lluvia de propuestas que van a surgir por parte de diferentes sectores de la sociedad no van a conducir a nada”, señaló.
El Pacto de Estado por la Justicia incluye el compromiso de los titulares de los tres órganos del Estado, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil, para reestructurar el sistema judicial panameño, a fin de que el mismo fuera independiente, transparente y eficiente.
Actualmente el Artículo 203 de la Constitución establece que los magistrados de la Corte Suprema serán nombrados mediante un acuerdo del Gabinete, con sujeción a la aprobación del Legislativo, para un período de diez años.
