El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, expresó que al momento que se redacte una nueva Constitución Nacional, se hace indispensable que se establezca una norma que elimine por completo cualquier tipo de privilegios que reciben los funcionarios.
Indicó que en un país como Panamá debe imperar una política de "cero privilegios" y la mejor forma de hacerlo sería ampliando lo establecido en la Constitución al respecto.
A juicio de Molina Mola esta norma debe ser bien clara y específica, además incluir a legisladores, ministros, vicepresidentes, magistrados, directores, alcaldes, representantes de corregimiento, comisionados o cualquier otro funcionario que ocupe cargos de jerarquía en el Gobierno Nacional.
Hizo énfasis en que no hay ninguna justificación para que funcionarios reciban tratamientos especiales, exoneraciones u otras consideraciones, simplemente porque están en un cargo en el Gobierno.
En opinión del exmagistrado, en los únicos casos que se justifica que se otorgue una exoneración es cuando se trate de una obra social en beneficio de la población.
Molino Mola mencionó también la inmunidad que tienen los legisladores, prerrogativa que a su juicio sólo debe servir para que no haya razón para que autoridad alguna impida a un legislador llegar a sesionar, pero no para que quienes tienen este privilegio se amparen en ella para evitar que los investiguen por un delito común.
Los planteamientos del exmagistrado se dieron en la Asamblea Legislativa en un foro en el cual se analizó la Constitución Nacional de 1972 y diferentes abogados emitieron su opinión con respecto a la necesidad de elaborar una nueva Carta Magna.
Aunque reconoce que tiene un impedimento de salida del país, explicó que podría viajar al exterior si recibe una autorización por parte de un juez.
Aunque la Asamblea Legislativa aprobó el contrato ley con el Estado, el Consorcio San Lorenzo no ha podido iniciar la construcción del proyecto debido al escándalo que fue desatado luego de las acusaciones del legislador Carlos Afú, quien denunció que algunos legisladores recibieron pagos por dar el voto afirmativo a la propuesta.
