Las disposiciones internacionales sobre derechos humanos no se cumplieron en los mecanismos de consulta, indemnización y reubicación de los pueblos indígenas en un proyecto hidroeléctrico en Changuinola, reveló un informe especial de la Defensoría del Pueblo.
El informe señala que en el proyecto hidroeléctrico Chan-75, desarrollado por la empresa AES Changuinola, existe un clima de tensión entre los afectados, la empresa y el Estado, lo que ha dejado en evidencia "la falta de tutela" y que no se lograron acuerdos "justos y satisfactorios" en las indemnizaciones.
"La ausencia estatal conllevó a que se produjera una relación de desventaja durante la negociación bilateral entre los moradores afectados y el consorcio", señaló el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas.
El gerente de AES Changuinola Humberto González rechazó los señalamientos de la defensoría al indicar que hubo negociaciones "balanceadas, voluntarias y justas".
Aseguró que no existe un ambiente tenso con los moradores y que la concesionaria se acogió aunque no sea obligación a trabajar con las recomendaciones del Banco Mundial.
