Apesar de que el Estado contrató a la empresa española INDRA Sistemas por B/ 13.5 millones para actualizar el registro de cobro de ingresos de los consulados, el ex presidente Martín Torrijos, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Cancillería no obligaron a los cónsules a utilizar el sistema.
La falta de uso de esta millonaria contratación, que evitaría "irregularidades" en la administración, contrasta con el faltante de B/ 1.3 millones que varios ex cónsules de la administración Torrijos mantienen con la AMP.
Una alta fuente de la AMP confirmó que Indra desarrollaría un sistema de captación de datos para que hubiese un "mayor control", pero que no hubo "voluntad política" para que algunos cónsules registraran obligatoriamente la información.
La AMP dio a conocer que por el momento, “no hay registros de pagos en el Banco Nacional” de varios ex cónsules, entre ellos, el de Rotterdam, Luis Ramírez, quien adeuda unos B/ 696 mil.
La fuente indicó a Panamá Américaque aunque se capacitó a la mayoría de los cónsules para el uso del sistema, estos "no llenaban los informes".
¿Control? El contrato pactado en junio del 2006, tenía como finalidad "controlar", a través de la modernización y automatización de los procesos, los ingresos de los 77 consulados y embajadas.
La contratación (por cinco años) establece el suministro de equipos de cómputo, servidores, mecanismos de seguridad y el desarrollo de un software que permitiría el acceso expedito a las transacciones hechas por los cónsules.
“Fueron pocos los cónsules que utilizaron el sistema” para captar certificados de competencia y emisión de licencias de aguas nacionales e internacionales, debido a que entró en ejecución en septiembre de 2008”, indicó.
Señaló que como "no estaba detallado en el contrato" no se puede conocer el proceso de cobro de otros trámites que realizan los consulados.
Revisión.
La fuente expresó que la Contraloría y el Ministerio de Economía debieron aplicar medidas de presión a los cónsules para que registraran los movimientos de dinero.
Manifestó que estas entidades “tampoco realizaron su trabajo", aunque eran integrantes de la comisión cuatripartita junto a la AMP y la Cancillería.
Reacción.
En tanto, el secretario Anticorrupción, Fernando Núñez Fábrega dijo que el problema en las recaudaciones consulares no se controla con un programa de Indra, ya que los cónsules "hablaban directamente con el presidente (Torrijos) que era de su entorno cercano" para no registrar la información.
"Ni la AMP ni otro funcionario de otra entidad se iba a atrever a destituir a ningún cónsul por no presentar informes de los recaudos", indicó Núñez.
Sostuvo que la Contraloría debió presionar para verificar que todos los informes y los dineros llegaran a su destino.
El Artículo 22 de la Ley 32 señala que la Contraloría podrá sancionar a los cónsules que no presenten los informes con multas de B/ 50 a B/ 500, según la gravedad.
De ser reincidente se le sancionará con el doble de la pena, suspensión o la solicitud de destititución, acción que no se realizó a pesar de las anomalías.
