La Asamblea Legislativa pedirá a la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, una opinión sobre el estatus de las empresas de servicios públicos privatizadas.
El pleno desea saber si el usuario tiene derecho a recibir información sobre el funcionamiento de la administración de un servicio público. De igual forma se solicita que se aclare si las empresas Cable & Wireless, EDEMET EDECHI y Elektra Noreste, en las que el Estado mantiene el 49% de las acciones, están obligadas a cumplir con la Ley de Transparencia.
Según los legisladores proponentes de la resolución, la única información confidencial que debe existir en la administración de los servicios públicos son los datos personales de los usuarios.
