Un proceso de consulta pública con diversos sectores de la sociedad, realizará la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en torno al anteproyecto de ley que regula el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP) y el cumplimiento de la Ley General del Ambiente sobre ordenamiento territorial.
La decisión surge luego que consultorías contratadas por la ANAM indicaran que a pesar de los esfuerzos que se hacen para promover la conservación de áreas protegidas, estas no escapan de la deforestación, la fragmentación de los ecosistemas, la contaminación y la pérdida de la calidad ambiental.
La decisión de normar mediante una ley la conservación de las áreas protegidas se fundamenta en el artículo 66 de la Ley General de Ambiente.
Cabe destacar que estas áreas se establecen para conservar las especies silvestres dentro de habitat de origen; además mediante esta norma se permite el establecimiento de tarifas por el uso de los servicios ambientales que se presten en las áreas protegidas.
Con el anteproyecto de ley se busca regular las responsabilidades y las prohibiciones dentro de las áreas, planes de manejo, permiso, concesiones, tipificación de delitos y otros aspectos.
De acuerdo con la directora Nacional de Patrimonio Natural de la ANAM, Hilda Candanedo, la fase de consultas iniciará esta misma semana.
La funcionaria explicó que el miércoles 17 se desarrollará en el Rancho Compa Mida de Santiago de Veraguas el proceso de consulta del proyecto de ley del SINAP, cuyo espíritu es establecer una ley marco para el manejo de conservación y desarrollo de las áreas protegidas.
La reunión en Veraguas aglutinará a los representantes de diversos organismos del interior del país, especialmente de la región central; en tanto, el jueves 18 se realizará el mismo proceso, pero en el Hotel Roma.
Adicionalmente el viernes 19 de noviembre, la ANAM realizará un taller en el que participarán funcionarios de la institución, donde se discutirá la elaboración de un anteproyecto sobre el ordenamiento territorial en materia ambiental tal como lo estipula el artículo 22 de la Ley que crea la entidad.
Luego de las consultas se elevará ambos proyectos al Consejo General de Ambiente, que lo remitirá al Consejo de Gabinete y finalmente a la Asamblea Nacional Legislativa.
