Nota del Editor: Las declaraciones del señor Secundino Rujano se dieron días antes de su repentino fallecimiento, y son importantes para dar luces sobre el tema. Por ello, se han dejado intactas en el presente trabajo periodístico.
En los últimos años la ola de privatizaciones, el incremento de los bienes de consumo y el uso de publicidad engañosa han dejado a los consumidores totalmente desamparados, pese a la existencia de leyes, regulaciones y tribunales que prácticamente son inoperantes.
Para las organizaciones de consumidores como la Unión Nacional de Consumidores de la República de Panamá (UNCUREPA), los tribunales de comercio, creados a través de la Ley 29 de 1996 son "inoperantes", ya que el manejo de los procesos es muy lento y los magistrados y jueces encargados de impartir justicia, desconocen la legislación y trabajan bajo fuertes presiones.
De acuerdo con Secundino Rujano, quien actuaba como secretario general de UNCUREPA antes de su fallecimiento el pasado 27 de diciembre, "los magistrados de los tribunales de comercio mantienen una conducta zigzagueante en sus fallos, lo que demuestra un absoluto desconocimiento de la legislación y un desinterés por hacer justicia a los consumidores".
Rujano dijo que varios jueces también están experimentando en los procesos y ello ha quedado en evidencia en algunos fallos, que al ser recurridos a las instancias superiores son revocados y sufren constantes llamadas de atención.
En su última entrevista exclusiva para un medio de comunicación, Rujano planteó que UNCUREPA presentó una gran cantidad de demandas ante los Juzgados de Comercio para establecer si las estructuras creadas para administrar justicia en esta área eran realmente competentes o no.
Los resultados a la fecha -decía Rujano- han sido decepcionantes y poco motivadores por la lentitud como se han manejado los procesos, por falta de asesoramiento técnico adecuado para solventar los procesos.
Sostenía que en las denuncias por prácticas monopolísticas presentadas hasta el momento, los tribunales han emitido fallos descabellados y faltos de coherencia. Citó el caso de la empresa Ricardo Pérez S.A. a la cual se le declaró inocente, pero luego se le aplicaron una serie de sanciones de revisión del mercado por un período de tres años.
En otro proceso contra la Unión Nacional de Corredores de Aduanas, también por prácticas monopolísticas, específicamente por la fijación de tarifas, la jueza ordenó una ampliación, y para ello exigió que se incluyera un listado de los afectados, cosa imposible porque en este caso el afectado era todo el mercado a nivel nacional y no personas individuales.
PROCESOS LENTOS
Rujano manifestó que los procesos son muy lentos, en algunas ocasiones el trámite de las demandas demoran entre ocho y doce meses, donde los consumidores abandonan los procesos por el tiempo que demora obtener algún tipo de respuestas a sus acciones.
Han habido fallos del Tercer Tribunal Superior sobre publicidad engañosa, en donde los magistrados han señalado la necesidad de comprobar el dolo del proveedor o comerciante, cosa muy difícil de establecer en un juicio civil de este tipo.
Detalló además que la mayoría de los jueces y magistrados, como es el caso del magistrado Sebastián Rodríguez, provienen de la esfera penal y desconocen absolutamente el manejo de los casos de comercio, provocando una creciente mora judicial.
Cifras estadísticas de la Corte Suprema de Justicia revelan que en 1998 habían entrado 169 procesos al Tercer Tribunal Superior, tanto que durante el primer semestre de 1999, sólo habían ingresado 96. Esto involucra a dos Juzgados de Circuito y uno Municipal encargados del manejo de estos expedientes.
Otra situación preocupante es el hecho que a la fecha "la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), no se ha legitimado a favor de los consumidores y tampoco ha presentado ninguna demanda ante los juzgados para defender los intereses de los consumidores. Sólo se han dedicado a ejecutar conciliaciones desfavorables para el consumidor".
Hay tribunales -dijo- que en un año sólo han manejado 30 expedientes, ya que no les llegan los casos, y esta situación ha provocado que los juzgados presten su personal a otros despachos porque no tienen nada que hacer.
Sostuvo que del total de casos que llegan y se ventilan en estos despachos, sólo el 10% está relacionado con la temática de protección al consumidor, ya que la mayoría de los procesos están vinculados con la materia de derecho de autor.
EMPRESARIOS PRESIONAN A JUECES
Paralelamente el director ejecutivo de la Fundación de Consumidores, Rubier Cajar, coincidió con los puntos de vista que había expresado Rujano. Sostuvo que los jueces de comercio no tienen una formación técnica suficiente para resolver satisfactoriamente los procesos llegados a sus despachos.
Además reveló que existe una desigualdad en la relación entre el poder del consumidor y el de los productores.
Alegó que los productores y comerciantes tienen la posibilidad de ejercer una gran presión económica sobre los fallos de los jueces y magistrados, pero que los consumidores no tienen esa capacidad por falta de organización y conocimiento de la ley.
Cajar dijo que su organización está trabajando en la educación del consumidor para que conozca sus derechos y la ley, pero que la percepción generalizada de los tribunales de comercio y la propia CLICAC, no es muy favorable debido a la falta de resultados concretos al momento de presentar alguna queja o denuncia.
Es claro -añadió- que los empresarios tienen un alto poder de injerencia en las decisiones, fallos y ejecución de las políticas en cuestiones inherentes a las relaciones comerciales en donde el consumidor sale perjudicado.
Citó como ejemplo el proceso por prácticas monopolísticas seguido a las empresas harineras, en donde éste lleva tres años en los tribunales, sin que haya realizado la audiencia. Dijo que esto debilita la confianza que el consumidor pueda tener en la justicia.
También aseguró que los juzgados de comercio tienen la tendencia a no aceptar las demandas colectivas y en varios casos los jueces solicitan a los abogados que cada ciudadano ejecute una demanda por separado, lo que tiende a complicar los procesos. Lo que demuestra una carencia de formación técnica.
De acuerdo con Cajar, la Ley 29 que creó la CLICAC tiene algunos aspectos no desarrollados para permitirle una verdadera defensa del consumidor y actuar de manera rápida cuando se produzcan situaciones irregulares.
Aseguró que hay situaciones muy ambiguas en donde la CLICAC debería consolidar la ayuda al consumidor, pero no lo hace porque la propia legislación existente le deja una abertura a los comisionados en donde pueden eludir esta responsabilidad.
JUECES NO CALIFICAN EN CONCURSO
Paralelamente en esta situación algunos de los actuales magistrados de comercio no quedaron dentro de la lista de seleccionables para desempeñarse en esas funciones. Este es el caso del actual magistrado presidente, Sebastián Rodríguez, quien no calificó.
Entre los concursantes no seleccionables se encuentran: Arcelio Vega, Zaira Santamaría, Blanca Solano, Ana Terán, Miguel Espino, Ricardo Landero, Noris Hernández, Xiomara Bulgin, Luis Olmos, Julio Arias, Berardo Díaz, Enrique Mon, Solange Le Ferrec y Sebastián Rodríguez.
Mientras que en el listado de seleccionables se encuentran a la actual magistrada Aidelena Pereira, Luis Camargo, Nelson Carreyó, Jorge Lombardo, Víctor García, Francisco Zaldívar, María López, Otilda Vergara y Fernando Solórzano.
El concurso es efectuado por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial que evalúa los documentos y hoja de vida de quienes aspiran a ocupar los cargos de magistrados del tribunal de comercio, que deben ventilar los casos de los consumidores y de derecho de autor.
Las organizaciones de consumidores han expresado que la mayoría de los jueces y magistrados asignados a los tribunales de comercio desconocen la legislación vigente en esta materia y que utilizan precedentes de legislaciones foráneas para aplicarlas aquí.
También criticaron la falta de valoración de los casos en donde los afectados son una pluralidad de consumidores y las demandas no pueden ser presentadas individualmente, porque ello dilataría excesivamente en el tiempo su resolución.
CLICAC SE DEFIENDE
Por su parte el comisionado presidente de la CLICAC, Gustavo Paredes, se defendió de las acusaciones vertidas por las organizaciones de consumidores alegando que esa institución está cumpliendo con sus funciones, y reveló que en cuatro años la CLICAC ha presentado ante los tribunales dos demandas por prácticas monopolísticas y que en los próximos meses se pueden añadir nuevos casos si las investigaciones así lo establecen.
Comentó que hace un año la CLICAC colaboró con los tribunales en resolver un caso de concentración económica, al tiempo que han asesorado en los dos casos registrados por prácticas de comercio desleal.
Agregó que más del 80% de los casos relacionados con protección al consumidor son conciliados y el restante 20%, los consumidores quedan en libertad de seguir con el proceso en los tribunales, pero que de éstos no se llevan cifras en la CLICAC.
Paredes dijo que en materia de protección al consumidor, se están manejando ocho casos en donde la CLICAC pudiera legitimarse de acuerdo con lo establecido por la ley.
Explicó que en 1998 se realizaron 585 audiencias, en 1999 se ejecutaron 703 y hasta octubre de este año se habían ejecutado 574 conciliaciones y que esta cifra puede quedar en 800.
Detalló que la conciliación presupone el acuerdo y la voluntad de alcanzar un acuerdo. Dijo que el año pasado también se atendieron un total de 2,220 quejas de las cuales se resolvieron 1,940 y además se han dado 4,127 asesorías.
Planteó que los casos tramitados pueden parecer reducidos, pero su explicación de por qué levantar un caso, sobre todo, en el orden de competencia es muy complicado, no obstante, los casos manejados son tratados con eficiencia.
El funcionario sostuvo que los procesos judiciales en ocasiones demoran en exceso por la cantidad de recursos a que tienen derecho las partes y que es necesario ser respetuoso de la ley.
JUECES Y MAGISTRADOS: ¡SIN COMENTARIO!
Esta no es la primera vez que los tribunales de comercio son criticados por falta de resultados concretos. En agosto pasado, el excomisionado de la CLICAC, Rafael Carles, señaló que los tribunales de comercio "son incapaces de resolver los casos de prácticas monopolísticas", alegando que en materia de las harineras, da angustia ver cómo han engavetado la demanda por más de tres años.
Carles reiteraba que "los funcionarios que actúan en los tribunales de comercio carecen de los conocimientos adecuados para atender las demandas que se presentan. Ellos han ido allí a aprender, y no cuentan con los elementos para manejar los casos".
Con el propósito de deslindar la responsabilidad de los funcionarios judiciales,
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