Consumidores piden consulta

LA UNIÓN Nacional de Consumidores está convencida de que los ajustes al régimen tarifario de electricidad por el efecto de la variación del precio del combustible, que define cada mes la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ANSEP), afectan la legitimidad de la Ley de Transparencia.
Frente a esto, la agrupación evalúa interponer nuevas acciones legales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), toda vez que las empresas sustentan mensualmente los estudios de costos ante la ANSEP sin que los consumidores puedan opinar al respecto, como lo exige la Ley de Transparencia.
En la máxima corporación de justicia reposan dos demandas de ilegalidad en contra de la resolución del antiguo Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) que aumentó la tarifa de electricidad en el 2005 y 2006, precisamente, por haber omitido el mecanismo de la consulta pública, pero los magistrados Adán Arnulfo Arjona y Víctor Benavides, no han fallado al respecto.
"Aquí se afecta mensualmente los principios generales de la Ley de Transparencia; y eso se lo advertimos a las autoridades respectivas, pero en vista de que no hay un cambio de actitud actuaremos", advirtió el abogado de la Unión Nacional de Consumidores, Giovanni Fletcher.
Al respecto, un vocero de la ANSEP destacó que realizaron una audiencia pública el pasado 6 de febrero, mediante la cual sometieron a la consideración de los usuarios el régimen tarifario para el servicio público de distribución y comercialización de electricidad, que regirá hasta el 30 de junio de 2010, tal como recomendó al Órgano Ejecutivo la Comisión Nacional de Ahorro Energético con el propósito de estabilizar las tarifas.
El artículo 24 de la Ley para la Transparencia en la Gestión Pública, obliga a todas las instituciones del Estado a "permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos.
Según la ANSEP, en la audiencia pública del pasado 6 de febrero participaron varias agrupaciones, entre ellas, la Defensoría del Pueblo y la Unión Nacional de Consumidores.
El ERSP sometió a audiencia pública en el 2005, el “marco regulatorio de las tarifas” que es un acto administrativo muy distinto a la fijación de un aumento en las tarifas.