Los consumidores se unen contra las empresas que no son honestas. Para hablar del tema hoy a las 10:00 a.m., se realiza en el auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá, el Foro Nacional de Consumidores.
En la actividad convocada por la Asociación Consumo Ético, participarán delegaciones de ONG´s, gremios profesionales, asociaciones cívicas, sindicatos, grupos estudiantiles universitarios y asociaciones de mujeres indígenas.
Los participantes se proponen organizar una serie de campañas de denuncia, contra las empresas que alteran las pesas, venden combustible adulterado y se apropian con los subsidios del Estado, sin realizar las rebajas de precios, señala una nota de la Asociación de Consumo Etico.
Agrega que se pronunciarán contra el aumento de las tarifas eléctricas, ya que "es falso que exista la libre competencia, como se prometió al pueblo panameño durante la privatización del IRHE. Al contrario, empresas transnacionales monopolizan el mercado eléctrico manipulando las tarifas".
Una mirada a las celdas que compartieron miles de presos, hoy, a pesar de los años, no deja de ser desoladora. Se respira y se ve la decepción, la tristeza y el deseo de volver junto a los seres queridos que en aquel entonces ocupaba sus días.
En aquellas paredes observamos desde un calendario en el que uno de los detenidos contaba los días que le faltaban para dejar la cárcel hasta a una curvilínea mujer casi desnuda en un recorte de revista.
En la capilla, mensajes bíblicos reposan todavía en el piso. Las hojas de libros de las iglesias católicas o evangélicas están esparcidas por el lugar y el tiempo ya empieza a hacer de las suyas.
Más adelante y tras atravesar un pequeño puente, el local utilizado como panadería permanece abierto.
En Coiba se cosechaba arroz, tenían lechería, un molino y otros tantos productos para el consumo de los internos.
Durante nuestro recorrido no faltó quien atinadamente sugiriera que se tomen medidas pronto antes de que sea demasiado tarde. Solo quedan ruinas de la otrora penitenciaria.
En 1918, el Estado adquirió este territorio y lo convirtió en isla penal. Se establecieron decenas de campamentos para miles de delincuentes.
Expertos ecologistas coinciden en que precisamente la cárcel se convirtió en una barrera artificial de protección, puesto que la fama de sus "huéspedes" y la vigilancia existente, mantuvo al resto de la población al margen.
