Las contradicciones en que incurrieron la presidenta Mireya Moscoso y el magistrado Alberto Cigarruista, sobre si hubo o no compromisos entre el Ejecutivo y el Legislativo para la aprobación de este último en la Corte Suprema de Justicia, confirma el alto grado de corrupción que impera en los órganos de Estado.
Lo anterior fue expuesto por el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, quien pese a mantener un diferendo con el magistrado Cigarruista, consideró que es éste quien dijo la verdad.
El pasado jueves la mandataria desmintió a Cigarruista, quien en declaraciones en un programa radial expuso que su nombramiento fue producto de un compromiso entre Moscoso y los legisladores, pese a que él no había pedido llegar a la Corte.
"Cuando el magistrado Cigarruista hizo las confesiones públicas lo hizo sin ningún tipo de apremio o coacción, lo cual me lleva a considerar que él dijo la verdad. Una verdad que ya era conocida en la ciudadanía, pero que faltaba la confesión de la parte beneficiada", destacó Bernal.
Acotó que el acuerdo entre la presidenta y los legisladores para la ratificación de Cigarruista ya había sido "confesado públicamente" por el ex canciller José Miguel Alemán, quien dijo antes de partir en un viaje al extranjero, y previa ratificación del nuevo magistrado, que "la Presidenta ya tenía todo arreglado".
A juicio del abogado, al margen de lo que pudiera decirse ahora, el daño ya está hecho y la única manera de resarcirlo sería que los tres magistrados: Alberto Cigarruista, Winston Spadafora y Aníbal Salas, nombrados por filiación al Ejecutivo y por algún tipo de acuerdo, dimitan inmediatamente a sus cargos.
Miguel Antonio Bernal también criticó el silencio cómplice de las cúpulas de distintos sectores que incluyen partidos políticos, sindicatos y gremios nacionales que facilitan el estado de cosas que se han dado.