El contralor general de la República, Alvin Weeden, advirtió al rector encargado de la Universidad de Panamá, Jorge Cisneros, de posibles sanciones si continúa emitiendo opiniones irrespetuosas contra la institución fiscalizadora de los recursos públicos y al mismo tiempo le exigió que ordene el cierre de un local que funciona ilegalmente en la Facultad de Derecho.
La respuesta de Weeden surge a nota enviada por el rector encargado, donde asegura que la UP cumple con la escala salarial de los empleados.
Sobre este punto, el contralor Weeden le responde que no es cierto que se está incumpliendo con esta disposición, porque es un hecho público y notorio que a esta partida se le dio una aplicación diferente a la que ordena el presupuesto universitario.
Aclara que la actuación de los funcionarios de la Universidad estuvo al margen de los procedimientos establecidos por ley para el cumplimiento del Presupuesto General del Estado, por tanto viola el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 326 del Código Penal y que representa un delito contra la Administración Pública.
Al mismo tiempo, Weeden expresa que a pesar de los señalamientos hechos para que se administre de forma correcta la UP, se siguen dando algunos casos como el proyecto de contrato de concesión de arrendamiento de un local que funciona en la Facultad de Derecho (empresa REDSPAN) que opera sin contar con el refrendo de la Contraloría.
Frente a esta situación que cuenta con el respaldo del rector Vallarino y el decano de la facultad, Franklin Miranda, Weeden le pide a Cisneros que adopte las acciones conducentes para su cierre.
