Contralor audita a magistrados del TE

Una auditoría exhaustiva y pormenorizada para corroborar que en efecto a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) les corresponde el derecho que reclaman del pago de unos 400 mil dólares en concepto de vacaciones acumuladas, ordenó ayer el contralor Dany Kuzniecky.
La auditoría se da tras la solicitud formal que hicieron los funcionarios electorales, en un informe de casi dos pulgadas de grueso, en el cual sustentan semanalmente la labor realizada en los últimos 16 años a excepción de los días festivos como la Semana Mayor y las fiestas patrias.
El magistrado presidente del TE, Eduardo Valdés Escoffery, rompió ayer el silencio y expresó al Panamá América que se les tiene que hacer justicia, ya que ese tiempo lo trabajaron y que no se están llevando un dinero que no les corresponde.
"Aquí yo entro temprano en la mañana y salgo muy tarde. Tengo dieciséis años y medio de estar almorzando en mi oficina, lo cual implica un sacrificio familiar y de amistades políticas", destacó a título personal Valdés Escoffery.
Kuzniecky, por su lado, anunció que está cumpliendo con la misión y función que la Constitución y la Ley le asigna a la Contraloría General, como la entidad fiscalizadora de los patrimonios públicos; y por la preocupación que este hecho genera en la opinión pública.
En el informe entregado a Kuzniecky aparecen todos los trámites judiciales en materia de expedientes, tales como firma de providencias, fallos y presencia en audiencias en la que intervinieron los magistrados del TE.
Detallaron que han trabajado en sus hogares e inclusive desde el exterior, pues por contar la institución con tecnología avanzada como firmas electrónicas, legalizaron actuaciones oficiales como decretos, resoluciones, acuerdos y trámite de naturalizaciones.
El salario mensual de un magistrado del TE es de 10 mil dólares. De ese total, 4 mil son gastos de representación. Cada uno tiene derecho a combustible, pasaporte diplomático, auto libre de impuesto de importación, conductores, seguridad y derecho a nombrar personal.