Una demanda de nulidad contra la resolución de la antigua Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que autorizaba el pago de más de B/.2 millones 300 mil en concepto de indemnización por terminación de concesiones en el Puerto de Balboa a favor de la empresa KMRG, S.A, presentó ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo el contralor de la República, Alvin Weeden.
De acuerdo con Weeden, la medida tiene como objetivo suspender el pago autorizado contra la empresa por considerar que no se ajustó a la ley y es abusivo al Patrimonio Nacional.
"Hemos presentado la demanda para que no se le reconozca la indemnización a la empresa KRMG, S.A., valorada en B/.2 millones 306 mil 609", planteó Weeden.
Explicó que la Corte Suprema jamás ha fallado que se debía pagar, sino que administrativamente no se podía suspender la indemnización, por ser una lesión al Patrimonio.
Detalló que todas las indemnizaciones exigidas por las empresas afectadas por la concesión del terminal otorgada por el Estado a Panama Ports Company, subsidiaria de la Hutchisson, han sido suspendidas.
Sustentó que la demanda se sustenta porque el monto es excesivamente oneroso o exagerado contra el Estado, lo que se demuestra al no tomar en consideración declaraciones juradas de renta, que mostraban pérdidas en las empresas.
"El problema radica en que se llegó hasta los extremos de reconocer indemnización por edificios que eran del Estado y algunas infraestructuras que no fueron valoradas por la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas", sentenció Weeden.
Puntualizó que al momento de efectuar los cálculos de ganancias de las empresas solamente se tomaron en cuenta los años buenos e inclusive algunas no tenían licencia comercial para operar, como fue el caso de KMRG, S.A.
Señaló que según certificación del Ministerio de Comercio e Industria, KMRG no operaba desde 1994, por lo que estaba cerrada comercialmente.
"Los avalúos eran ilegales, arbitrarios y despegados de los intereses nacionales y por el momento no se ha dado lesión patrimonial, por lo que no se amerita presentar denuncia penal", aclaró Weeden.
