El contralor general Carlos Vallarino, solicitó a la ministra de Comercio e Industrias, Gisela Porras, una rendición de cuentas que incluye el pago de salarios y otros gastos de la empresa GFA Consulting Group GMBH.
A esta empresa se le asignó la responsabilidad de gestionar el Programa “Impulso Panamá” de Competitividad y Apertura Comercial, fase 1, por un monto de B/ 51.3 millones.
Según nota enviada por el Contralor a la Ministra de Comercio, el pasado 24 de junio, y a la cual tuvo acceso Panamá América, también se pidió información sobre el representante legal de esta empresa.
En la escueta misiva, el Contralor pide que se le suministre información a través del mecanismo de rendición de cuentas, los ingresos y los gastos que se ejecutaron, incluyendo un detalle de los ingresos que recibieron, pagos y otros detalles.
La solicitud del jefe de las finanzas públicas se da luego de que el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) -organismo ejecutor del programa- pretendía pagar a GFA Consulting Group la suma de B/ 4.8 millones en salarios, viáticos, honorarios y gastos de personal, según información publicada en el portal de PanamaCompra.
De acuerdo con la nota, se requiere además el Certificado de Registro Público de las sociedades anónimas y su representante legal, una comparación entre las metas del programa y los resultados que se han alcanzado.
Además, se pide certificación de honorarios, salarios y gastos de personas que han recibido emolumentos económicos.
Tan solo el jueves pasado, la directora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Giselle de Calcagno, denunció que existe un "negociado" entre el Gobierno y las empresas consultoras para llevar adelante el programa “Impulso Panamá”.
Calcagno acusó al ex director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, Samuel Buitrago, de beneficiarse con este programa.
Panamá Américatambién tuvo acceso a una nota del 30 de marzo que envió la viceministra de Economía y secretaria del Consejo Económico Nacional (CENA), Enelda Medrano de González, al viceministro de Comercio, Severo Sousa.
En esta misiva se informa que la adenda 1 de 2003, no ha sido refrendada. “Esto significa que dicho contrato está vencido y por tanto a la luz de las disposiciones legales no podemos modificar un contrato no vigente”, precisa la nota.
