El contralor general de la República, Alvin Weeden, aseguró ayer que su despacho no ejecutará el pago de salarios caídos, que ascienden a unos B/.54,000, reclamados por un grupo de legisladores del período pasado.
Weeden afirmó que no existe ningún tipo de convenio con miembros de la Asamblea Legislativa para ejecutar el citado pago y que su despacho pedirá a la Corte Suprema de Justicia una aclaración para establecer si le corresponde ejecutar los desembolsos.
El funcionario aseguró que la Contraloría no puede disponer de fondos de manera antojadiza y que sólo a través de una verificación y una autorización legal se podría ejecutar el pago a los legisladores, pero que previo a ello deberá existir una confirmación de la Corte sobre el fallo emitido en el año de 1996.
Explicó que no había recibido por parte de la Asamblea Legislativa ninguna petición en ese sentido o autorización para el uso de los fondos del presupuesto de la Asamblea en esta materia y si eso no se ejecuta por los mecanismos correspondientes el pago no se ejecutará.
Dijo que su despacho no tomará ninguna decisión apresurada sobre este tema y que cualquier acción será ejecutada en estricto apego a la ley. A la vez que se revisará todo el proceso para establecer si corresponden los desembolsos o no.
Por su parte la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Mirtza Franceschi de Aguilera aseguró que esa corporación ya dio su apreciación en cuanto al recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 205 de la Ley No. 49 de 4 de diciembre de 1984, por la cual se aprobó el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y se establece la equiparación de salarios entre los legisladores y los ministros de Estado.
El Pleno de la Corte declaró que no era inconstitucional la citada norma, pero que cualquier aumento salarial a los legisladores debería ejecutarse en el próximo período. En la actualidad tanto los ministros de Estado como los legisladores cobran un promedio de B/.7,500.
La situación surgió luego que el expresidente Ernesto Pérez Balladares aumentó a B/.10,000 el salario de los ministros de Estado y los legisladores solicitaron la equiparación de salarios, pero posteriormente se ordenó la rebaja de los emolumentos.
Recientemente el magistrado Eligio Salas negó que los legisladores tengan derecho al cobro de salarios caídos, ya que ello no se encuentra contemplado en ninguna parte del fallo emitido en diciembre de 1996.
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